En un contexto de devaluación y crisis económica, los ciudadanos se encuentran en una lucha constante por mantener su calidad de vida. Los servicios esenciales como la educación y la salud se ven afectados, dejando a muchos a la deriva.
Uno de los casos que ilustra esta situación es el de Pablo Riveros, un joven de 20 años, estudiante de Diseño Gráfico y residente de Lanús. Pablo padece de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), una enfermedad grave y poco común. En diciembre, el Estado dejó de proporcionarle el medicamento que necesita, Soliris Eculizumab, lo que lo llevó a presentar un recurso de amparo.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, ordenó a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que dependía del ministerio de Capital Humano, que le suministre el medicamento de manera inmediata, gratuita y durante el tiempo que dure el tratamiento. El medicamento tiene un costo de US$42.000 por mes.
El ministerio dirigido por Sandra Pettovello, se presentó en el expediente para resistir el amparo, argumentando que estaba realizando auditorías. Pablo y su madre, Stella Coronel, están a la espera de la decisión del Gobierno.
En estos tiempos difíciles, el juez Cormick recordó que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva”, y que “el derecho a la Salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida”. La Corte Suprema ha establecido que “la autoridad pública debe garantizar el derecho a la preservación de la salud”.
Fuente: elDiarioAr