La medida fue adoptada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El fallo ordena al organismo abstenerse de ejecutar medidas vinculadas al cierre, transferencia o modificación de funciones, así como impedir movimientos de equipamiento técnico relacionados con el proceso de reorganización.
Además, la resolución judicial obliga al Estado a garantizar la continuidad laboral de los trabajadores alcanzados, manteniendo sus categorías, salarios y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026.
Otro de los puntos destacados del fallo establece la continuidad de programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del instituto.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión judicial y calificó el fallo como “un histórico triunfo para los estatales”.
La resolución cuestionada, identificada como 42/2026 y publicada en abril, impulsaba el cierre inmediato de más de 600 servicios del INTI bajo el argumento de reducir gastos, simplificar estructuras y eliminar áreas consideradas superpuestas con ofertas privadas.
Desde el Gobierno habían asegurado que la medida formaba parte de una política de eficiencia estatal y reorganización administrativa, mientras que sectores sindicales denunciaron un intento de desmantelamiento del organismo científico y tecnológico.