La Oficina Anticorrupción y un raro contrato con una consultora

En 2017 y parte de este 2018, la oficina que dirige Laura Alonso pagó 82 mil pesos mensuales a la consultora Consuansor que realizó tareas de prensa y manejo de redes sociales al organismo. Cuando el contrato se hizo público la firma dio de baja su web y el vínculo se terminó entre las partes.

La información ya había sido revelada en enero. Y ahora se conocieron los montos de los contratos que la Oficina Anticorrupción firmó durante 2017 y 2018, con una consultora a la que le realizó el manejo de prensa y de redes sociales.

Según informó Página 12, la oficina que dirige Laura Alonso contrató por un monto de 82 mil pesos mensuales a la consultora Consuansor, vinculada al macrismo, para tareas de prensa y manejo de redes sociales. El monto anual del contrato, que Alonso dio de baja al quedar el descubierto, es de un millón de pesos, y no figuraba en los registros oficiales de la oficina que justamente debe encargarse de velar por la transparencia del accionar estatal.

El caso fue destapado por una serie de notas en enero pasado. Allí se reveló que la Oficina Anticorrupción había decidido contratar a una consultora privada para encargarse de las tareas de prensa, algo ya de por sí extraño dado que los organismos estatales designan voceros y equipos de comunicación propios. Más oscuro resultaba que la firma Consuansor, fundada en 2005, enumeraba entre sus tareas al lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado.

INTERESES SUPERPUESTOS

Los fundadores de Consuansor fueron tres jóvenes egresados de la Universidad Católica Argentina. Uno de ellos, Juan “Juano” Gentile, fallecido por enfermedad en septiembre del año pasado, luego de haberse desempeñado durante años como jefe de prensa del PRO en el Congreso y ocupar la subsecretaría de Comunicación Pública desde el inicio de la presidencia de Mauricio Macri. Quienes quedaron a cargo de la consultora fueron Alejandro Giúdice, exjefe de Relaciones Institucionales de Walmart, y Facundo Sosa Liprandi, quien fuera gerente de Comunicaciones en el PAMI.

La investigación de Página12, realizada por el periodista Sebastián Lacunza, puso de relieve la amplia gama de contratos en el Estado conseguidos en poco tiempo por Consuansor que, además de la OA, incluía al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; al ministro de Trabajo Jorge Triaca; y a la gobernación de Salta, con areas de intereses que aparecían superpuestas.

El fin de semana pasado, Lacunza amplió su información en el sitio Letra P con precisión de montos sobre los contratos. Por ejemplo, que las tareas de prensa se realizaron durante todo 2017 y avanzado 2018. Y que para disimular el acuerdo con la consultora privada –muy difícil de justificar-, Alonso extendió un contrato a los dos dueños de la empresa, Sosa Liprandi y Giúdice, por un monto mensual de 44.000 y 38.500 pesos, respectivamente. Eso hace una suma de 82.500 pesos mensuales y un total de 990.000 anuales.

Ante la nueva revelación sobre el acuerdo, que desde la OA siempre intentaron disimular, en la oficina de Alonso explicaron que se trató de dos contratos de locación de servicios por un tiempo determinado que ya habían concluido. En verdad, concluyeron luego de que tomara estado público. Lo mismo ocurrió con la consultora Consuasor que repentinamente dio de baja su página web y desapareció de la esfera pública.

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