Un análisis metodológico alternativo advierte que la pobreza en Argentina podría ser considerablemente más elevada de lo que indican las cifras oficiales. El trabajo fue elaborado por los economistas Lorenzo Sigaut Gravina, Sebastián Lastiri, Gonzalo Carrera y Micaela Bassi, vinculados a la consultora Equilibra, y propone ajustes a la forma en que se construyen las líneas de pobreza nacionales.
El informe parte de dos elementos clave. Por un lado, actualiza las ponderaciones de la Canasta Básica Total (CBT) a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, en lugar de la versión más antigua usada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según los autores, los patrones de consumo cambiaron en las últimas dos décadas, con una menor proporción del gasto familiar destinada a alimentos y un mayor peso de servicios como vivienda, transporte, comunicaciones y salud.
Por otro lado, el estudio incorpora una corrección por subdeclaración de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esta distorsión ocurre cuando los ingresos reportados por encuestados son menores que los registrados en fuentes administrativas, lo que puede sesgar a la baja la estimación de la pobreza si no se corrige. Los autores aplican un ajuste que varía según los deciles de ingreso y consideran tanto transferencias como salarios y otros recursos.
Combinando ambos ajustes —actualización de la CBT y corrección por subdeclaración de ingresos—, la estimación revisada de pobreza para el semestre octubre 2024–marzo 2025 alcanza aproximadamente 43,3% de la población urbana, superando en alrededor de 8,6 puntos porcentuales la cifra publicada por el Indec para el mismo periodo.
El estudio destaca que esta diferencia no sólo modifica la cuantificación del fenómeno sino también la percepción de su evolución reciente. Mientras las cifras oficiales muestran una fuerte caída de la pobreza, los resultados con metodología ajustada sugieren una disminución menor cuando se considera la actualización de canastas y la subdeclaración de ingresos.
Los autores subrayan que disponer de mediciones más realistas es clave para el diseño y la evaluación de políticas públicas, ya que los indicadores socioeconómicos guían decisiones sobre asignación de recursos y focalización de programas sociales en contextos de alta volatilidad económica.