Las tierras no eran de Dios sino de la firma privada Salas y Del Río

Un nuevo capítulo se abre en torno al Barrio de Dios que en septiembre de 2017 comenzó a gestarse en un descampado alejado de la zona céntrica caletense cuando por su propia cuenta el concejal Rubén Martínez comenzó a entregar lotes para construcción de viviendas de manera gratuita e indiscriminada. Hubo discusiones acerca si eran tierras fiscales o privadas hasta que esta semana el Consejo Agrario Provincial comunicó oficialmente que pertenecen a la firma Salas y Del Río.

Caleta Olivia (agencia)

La fría letra del informe del organismo que preside uno de los legendarios funcionarios del kirchnerismo, Javier de Urquiza, precisa que “la Dirección General de Tierras, dependiente del Consejo Agrario Provincial del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, ante las expresiones públicas originadas por el concejal de la localidad de Caleta Olivia, Rubén Martínez, desmiente que las tierras vinculadas a tal situación pertenezcan a la provincia”.

“Según consta en la documentación pertinente, mediante distintos actos administrativos se demuestra que las tierras de referencia han sido adjudicadas a la firma Salas y Del Río SRL”, se expresa puntualmente.

Con este comunicado puede inferirse que un convenio que años atrás firmara el ex intendente Fernando Cotillo con el representante de la sucesión de esa firma, Héctor Raúl Martínez (teniendo en cuenta que lo dueños fallecieron hace mucho tiempo), quedaría sin efecto. A través de mismo Salas y del Río transfería esos lotes a la comuna a cambio de otros en la zona urbana.

Esa negociación demoró en concretarse y prácticamente sobrepasó el último periodo de gestión del otro intendente, José Córdoba (2011-15), pero a poco de asumir Facundo Prades frenó los trabajos de movimiento de tierra en el predio cedido a la firma por el citado convenio, los cuales están en paralelo con avenida Humberto Beghín y el barrio 26 de Junio.

El Patagónico fue testigo en esos momentos de las discusiones que mantuvo el martillero Héctor Raúl Martínez con funcionarios del gabinete de Prades, presencia policial mediante, tras lo cual ambas partes acordaron ir a los expedientes para aclarar el caso ya que esos lotes aparentemente también habían sido concedidos a otra empresa.

GRAN CONFUSION

Luego de ese entuerto y el pasar de los meses, apareció la polémica intervención del concejal Rubén Martínez (Alianza Cambiemos), quien estableció contactos con el martillero de referencia y sugestivamente el edil se tomó atribuciones para comenzar a entregar gratuitamente lotes a todos los vecinos que los peticionaban, aduciendo que disponía de 280 hectáreas que darían respuesta a las necesidades de unas 5 mil familias.

En algunas ocasiones argumentaba que eran tierras provinciales; en otras privadas y también que estaban en litigio de acuerdo a una resolución que aludía al convenio que hizo el municipio cuando Cotillo era intendente.

Lo concreto es que en medio de toda esta trama que deja traslucir solapados objetivos de orden político, empresarial y posiblemente de revanchismo para que la comuna nunca pueda acceder a esas 280 hectáreas, se fueron sucediendo procesiones de familias hacia “la tierra prometida” donde ya está cobrando forma el “Barrio de Dios”, tal como lo denominaron los beneficiarios.

En la zona, ubicada a unos 14 o 15 kilómetros al oeste del microcentro, máquinas viales contratadas por los propios adjudicatarios trazaron improvisadas aperturas de calles, en tanto el concejal Martínez les prometió que les llevaría todos los servicios.

Martínez y Martínez también se ocuparon de denostar a quienes hacían cuestionamientos, incluyendo a medios informativos (como los mensajes vía whatsapp que recibió un periodista de este medio por parte del martillero), algo habitual en una ciudad desordenada institucionalmente.

SE ENTERO ESTA SEMANA

Por otro lado, llama poderosamente la atención la tardía reacción del Consejo Agrario para expedirse sobre este espinoso asunto, teniendo en cuenta que es un problema social que se gestó hace muchos meses con gran repercusión mediática.

Sin embargo el titular de ese organismo, Javier de Urquiza, dijo ayer displicentemente a través de un programa radial de la FM San Jorge que se había enterado hace tres días que un concejal estaba entregando tierras en Caleta.

Luego se remitió a resoluciones que datan del año 1972 cuando la provincia comenzó a ordenar situaciones de tierras rurales y urbanas, preadjudicándolas u otorgando títulos de propiedad indistintamente.

Entonces, en base a esos expedientes, “descubrió” que las tierras a las que hacemos referencia son propiedad de la firma Salas y Del Río y de paso “recordó” que sobre ellas hubo algunas cuestiones legales que involucraron al municipio.

De todos modos aclaró que en el caso de áreas privadas, una empresa tiene facultades para urbanizarlas, pero debe hacerse cargo de la planificación que incluye proveer los servicios, aunque seguramente se buscará una solución fácil, cual es recurrir a la ayuda del municipio.

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