"Los concejales Gaspar, Almirón y Soto engañaron al resto"

El Concejo Deliberante sesionará hoy en una situación bastante complicada, ya que la concejal Norma Contreras denunció ayer ante la Justicia Penal a sus pares José Gaspar, Mario Soto y Guillermo Almirón por la aprobación, el pasado 17 de octubre, de la ordenanza del Ente de Control de los Servicios Públicos. El intendente Carlos Linares desautorizó la denuncia pero confirmó el veto parcial.

La concejal Norma Contreras, de Chubut Somos Todos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue el presunto delito que en la sesión del 17 de octubre habrían cometido los concejales José Gaspar, de la Alianza Cambiemos; Mario Soto y Guillermo Almirón, del PJ, al haber hecho aprobar “de manera engañosa” la ordenanza que modifico las facultades del Ente de Control de los Servicios Públicos.

El pedido de investigación, que había sido adelantado por la edil a este diario, se presentó ayer a primera hora en la sede de Fiscalía, donde junto con la nota de denuncia, la concejal entregó las pruebas que tiene, entre ellas grabaciones de la sesión que entiende dan sustento a su acusación.

“Por un mecanismo de ocultamiento, los concejales Gaspar, Almirón y Soto engañaron al resto y nos hicieron aprobar algo que desconocíamos”, reiteró ayer la concejal, que también incluyó en su denuncia a la secretaria Legislativa, Paula Lorenzo.

“Hice lo que tenía que hacer porque era mi obligación. Esperé toda una semana para ver si los concejales se arrepentían y promovían una modificación del texto, pero esto no ocurrió, así que por eso decidí pedir a la justicia que investigue la posible comisión de delito”, observó.

VETO PARCIAL

En este contexto, el intendente Carlos Linares confirmó que el Ejecutivo vetó ayer parcialmente la controvertida ordenanza. “La denuncia de Contreras es un disparate. No puede ser que diga que votó algo que no sabía. Tiene una obligación que cumplir y no puede primero votar y luego desconocer lo que apoya”, indicó el jefe comunal.

El veto aplicado no va en sentido de la denuncia, sino que sirvió para corregir un “exceso” ya que el artículo anulado, el 12, obligaba a los funcionarios del Ente a hacerse cargo patrimonialmente de las multas y otras penalidades que a las empresas se les impusieran desde el Ejecutivo.

Los concejales, que hoy seguramente hablarán del tema en la hora de preferencias de la sesión que debería comenzar a las 11, ayer no quisieron hacer nuevas declaraciones sobre la denuncia de Contreras a las ya hechas la semana pasada, cuando el tema se dio a conocer públicamente.

“Vamos a esperar para ver qué dice la denuncia y qué es lo que nos plantea la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar; el texto es claro y va en línea a lo que discutimos desde hace mucho tiempo pero en forma puntual, desde el 5 de octubre, es decir dos semanas antes de que la ordenanza se aprobase”, indicó Guillermo Almirón a Radio Del Mar.

Por su parte Gaspar, cuando la denuncia se había hecho de manera periodística, recordó que “la propia concejal votó esta ordenanza que se venía discutiendo en comisión, en la que también participa. Este tema se trató en comisión el 10, tenía despacho y figuraba en el orden del día. No hubo ocultamiento alguno, como denuncia”, observó.

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