Tal como lo adelantó El Patagónico en su edición anterior, el juez Mariano Nicosia retomó ayer la audiencia de control de detención que el día anterior se inició contra Jonathan Ezequiel Lillo (23), a quien los funcionarios de Fiscalía Cristian Olazábal y Ricardo Carreño imputaron por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma, en perjuicio de Walter Leiva, quien finalmente falleció en la tarde del jueves en el Hospital Regional. El joven fue baleado dos veces en la cabeza durante la madrugada del martes en el barrio Máximo Abásolo.
Hay que recordar que en el acto inicial el defensor particular, Mauro Fontéñez, ofreció prueba de descargo para reforzar la afirmación de que Lillo estaba en su casa de zona norte y no en el lugar del hecho, donde lo ubicó la novia de la víctima. La testigo dijo que al pasar por el Pasaje escuchó que desde la casa de Romina "Pepa" Vara gritaron "te vamos a matar" y dispararon.
La prueba de descargo consistió en el aporte de las imágenes de las cámaras que el imputado tiene en el interior y exterior de su domicilio en la zona norte de Comodoro Rivadavia, además del testimonio de un profesional de la salud que diariamente atiende a uno de sus familiares.
Lo cierto es que las imágenes fueron observadas por los acusadores públicos, la defensa y la Brigada de Investigaciones y resultaron ser contundentes para comprobar que Lillo estaba en su domicilio, el cual está situado a varios kilómetros del lugar del ataque. Tan concluyentes fueron las imágenes que no fue necesario entrevistar al profesional de la salud.
Al respecto Olazábal dijo: "según surge de las imágenes en el horario que ocurrió el hecho Lillo se encontraba en su domicilio, no en el lugar del hecho". Sin embargo, los funcionarios de Fiscalía sostuvieron que si bien de las imágenes surge que Lillo estaba en su domicilio, no alcanza para desvincularlo totalmente de la causa. Por ello requirieron una rueda de reconocimiento con dos testigos.
En cuanto a la medida de coerción, los acusadores públicos concluyeron que no se dan los presupuestos para mantener la privación de libertad del imputado, pero sí se dan las condiciones para que se le dicte su arresto domiciliario. De manera subsidiaria, en tanto, solicitaron presentaciones quincenales ante la Oficina Judicial.
A su turno Fontéñez sostuvo que no existen elementos para endilgarle el delito a Lillo, destacó que no se encontraba en el lugar del hecho y afirmó que cualquier medida restrictiva de su libertad que se adopte resultaría violatoria de sus derechos. Por ello exigió su inmediata libertad.
Tras escuchar a las partes el juez redujo el plazo de investigación y otorgó 15 días a la Fiscalía para que perite el DVR del que se extrajeron las imágenes y de ese modo confirmar que las mismas no fueron adulteradas. No obstante, hizo lugar al pedido del abogado y otorgó la libertad de imputado sin ningún tipo de restricciones.
- 04 marzo 2017