La decisión, impulsada por la Secretaría de Energía, no cambia las reglas de fondo, pero sí introduce un margen clave. A partir de ahora, las refinadoras podrán —de manera voluntaria— elevar el porcentaje de bioetanol en las naftas hasta un 15%, cuando en la práctica hoy ronda el 12%.
El objetivo es claro: reducir la dependencia del petróleo, cuyo precio internacional viene en alza, y así evitar que esa suba se traslade directamente a los surtidores.
Para habilitar este cambio, el Gobierno modificó un parámetro técnico: elevó el límite de oxígeno permitido en las naftas. Este dato, aunque poco conocido, es clave porque el contenido de oxígeno está directamente vinculado con la cantidad de bioetanol que puede incorporarse sin afectar la calidad del combustible.
La medida no obliga a las empresas a cambiar sus mezclas, pero les da más flexibilidad para hacerlo si les resulta conveniente desde el punto de vista económico. En un contexto donde el bioetanol puede ser más barato que la nafta derivada del petróleo, esa opción podría traducirse en menores costos de producción.
El trasfondo es la presión que viene acumulando el precio de los combustibles. Solo en marzo, las naftas registraron subas cercanas al 15%, impulsadas por el encarecimiento del crudo a nivel global y las tensiones geopolíticas.
En ese escenario, el Gobierno busca ganar tiempo con ajustes regulatorios puntuales, sin intervenir directamente en los precios. La lógica es simple: si se reduce la proporción de componentes fósiles más caros, el impacto final podría ser menor.
Sin embargo, el efecto real dependerá de una variable clave: la decisión de las petroleras. Al tratarse de un esquema voluntario, serán las empresas las que definan si incorporan más bioetanol en sus combustibles o mantienen las mezclas actuales.
Mientras tanto, la presión sobre los surtidores sigue. Y la discusión de fondo —cómo desacoplar los precios locales del mercado internacional— continúa abierta.