Caleta Olivia (agencia)
Por lo que hasta hora se sabe, y de acuerdo a informaciones difundidas por el nuevo subsecretario de Recursos Humanos, Antonín Moreno, antes de dejar sus funciones el anterior jefe comunal autorizó de “manera irregular” 340 contratos en planes sociales, pero además pasó a planta permanente a 65 personas que revestían en cargos políticos.
El nuevo intendente, Fernando Cotillo, elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza de emergencia global y por uno de sus artículos se solicitaba el aval de los ediles para desautorizar esos contratos y nombramientos, lo que generó una fuerte manifestación pública de los afectados.
Ante ello, el cuerpo legislativo optó por eliminar esa disposición y aprobar el resto del contenido de la ordenanza, dejando a criterio de Cotillo la decisión de posibles desvinculaciones.
A consecuencia de ello, la semana pasada el secretario de Gobierno, Pablo Calicate, anunció que se iba revisar caso por caso y en principio se fue citando a los contratados, tanto hombres como mujeres que en su mayoría cumplían tareas en el área de barrido y limpieza, y funciones operativas en gimnasios de la comuna.
Lo concreto es que hasta ayer no estaba resuelto ningún caso y a los contratados del último período se les exigió la presentación de un examen psicológico (que se realiza en el Hospital Zonal) y un certificado de antecedentes penales, entre otros requisitos.
Por ello, las mujeres que se encadenaron y al ser consultadas por El Patagónico dijeron que las nuevas autoridades procuran poner las mayores trabas posibles para permitir su continuidad laboral pero además aseguraron que nadie se hace responsables de pagarles los salarios de los dos últimos meses de trabajo que rondan los 20.000 pesos cada uno.
Consecuentemente advirtieron que mantendrán la medida de fuerza ya que su situación económica es apremiante y la mayoría de ellas son sostén de familia.