Pidieron 25 años de prisión para el cura acusado de abuso de menores en Entre Ríos

El fiscal Federico Uriburu y el querellante Mariano Navarro pidieron ayer, luego de casi cinco horas de alegatos, 25 años de prisión para el cura Juan Diego Escobar Gaviria en el juicio que se realiza en su contra en Entre Ríos por promoción a la corrupción agravada de menores -tres casos- y por abuso sexual agravado -un caso-.
El juicio se sustanció en los tribunales orales federales de Gualeguay, donde ayer se escucharon los alegatos, y a donde el religioso llegó poco antes de las 9 sin hacer declaraciones, ante la presencia de víctimas y familiares que se apostaron en la zona, y que se identificaron con pancartas y carteles.
Los presuntos abusos se conocieron a partir de una investigación de la revista Análisis, en la que se relató que las primeras en hacer una denuncia fueron dos religiosas del Colegio Castro Barros San José, quienes el año pasado se presentaron ante el defensor oficial de Nogoyá, Oscar Rossi, y acusaron al sacerdote de abusar a una menor de once años. Tras esa presentación, el cura fue suspendido y apartado de sus funciones.
El tribunal compuesto por María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo ayer escuchó los alegatos de las partes para luego dictar sentencia.
"Acá estamos hablando de un daño psicológico que provocó en las víctimas, que es peor que el homicidio. Estamos hablando de daños que quedan en forma permanente, de por vida, algo que fue planteado por los peritos", subrayó el fiscal Federico Uriburu, que actúa junto a Dardo Tórtul.
En tanto, los abogados defensores del cura, Milton Ramón Urrutia, Juan Pablo Temón, María Alejandra Pérez, pidieron su absolución y aseguraron que la acusación al cura responde a una "conspiración política" y a la actitud de las familias que apuntan a conseguir dinero en el enjuiciamiento al religioso.
La condena que se planteó ayer fue adelantada en abril por los fiscales cuando pidieron 25 años de prisión y el pedido de elevación a juicio de la causa que conmocionó la localidad entrerriana donde los feligreses se movilizaron en apoyo del sacerdote y repudiaron a los denunciantes.
La Iglesia, a través del arzobispo Juan Alberto Puiggari, le ordenó el año pasado a Escobar Gaviria que deje su función de párroco en la parroquia San Lucas Evangelista, abandone Lucas González y busque refugio en una casa religiosa.
En paralelo, abrió una investigación diocesana, enmarcada bajo el apartado del Código de Derecho Canónico que sanciona los "gravioribus delictis", o sea los delitos más graves.
El juicio al sacerdote es el primero por abuso eclesiástico que se lleva a cabo en la provincia.

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