El gobernador de Chubut destacó las características de la provincia de cara a un proyecto promovido por la Unión Europea para el desarrollo de hidrógeno verde.

El ministro de Economía y la secretaria general de la Presidencia participaron en una actividad de afiliación de La Libertad Avanza en Buenos Aires. En medio de la controversia por la criptomoneda promocionada por Javier Milei, el funcionario estampó su firma en billetes estadounidenses mientras los asistentes los vitoreaban.

Un estudio expresa que el 51,4% no soporta más el ajuste en la economía. En tanto, el 53% afirma que el rumbo económico es incorrecto. Y esto sin considerar el impacto posible del escándalo $LIBRA.

Es $Libra y algunos hablaron de "posible hackeo", pero Fernando Cerimedo, uno de los principales estrategas libertarios en redes, lanzó: "El que dijo que era una idea copada que vaya buscando rincón del mundo donde esconderse". Laje lo aplaudió y borró enseguida ese elogio.

La legisladora libertaria felicitó al economista liberal por su nuevo rol en el armado electoral bonaerense.

La ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno revocará todas las inscripciones al Registro del Programa de Cannabis porque considera que existe un "desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal".

La diputada Lorena Pokoik presentó una moción contra el líder de la bancada PRO, donde pidió crear una comisión investigadora. Sin embargo, el ala dura del bloque respondió que "se trata de un intento de posponer la verdadera discusión".

El intendente y la ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut coordinaron priorizar la política de trabajo en terreno. Entre otros, abordaron aspectos de programas de ayuda social, obras de mejoramiento en instituciones y sus necesidades.

Se trata del primer titular de la flamante Secretaría Electoral de Chubut. “Estamos sentando las bases para una provincia más justa, equitativa y transparente”, sostuvo el gobernador Torres.

Si el Senado ratifica el proyecto, Cristina Kirchner quedaría fuera de la carrera electoral por tener condena confirmada en segunda instancia en delitos contra la administración pública. En Diputados, la ley obtuvo 144 votos.