El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó a la Cámara de Diputados incorpora modificaciones en dos áreas que vienen siendo eje de fuertes discusiones durante los últimos años: discapacidad y financiamiento de las universidades nacionales.
En materia universitaria, la iniciativa propone destinar alrededor de $7,3 billones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales. El monto representa un incremento frente a los $4,78 billones establecidos para 2026, aunque se ubica considerablemente por debajo de lo solicitado por las propias casas de estudios.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas del país, aprobó para 2027 un requerimiento de $11 billones. La propuesta fue elaborada por los rectores y enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con el argumento de que esos recursos son necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema durante el próximo año.
La diferencia entre ambas cifras ronda así los $3,7 billones y será uno de los puntos que seguramente atravesarán el debate del proyecto en el Congreso.
Qué plantea para discapacidad
El Presupuesto también propone cambios sobre disposiciones de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Entre los puntos incluidos aparece la fijación de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio, junto con nuevas condiciones vinculadas a su compatibilidad con el empleo formal y otros ingresos.
La iniciativa plantea además modificaciones en el esquema de actualización de los aranceles de las prestaciones y propone derogar artículos de la Ley de Emergencia que actualmente regulan, entre otras cuestiones, la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura de salud y la conversión automática de pensiones.
La legislación vigente establece actualmente el derecho de los titulares de esa pensión a contar con un programa médico de atención y cobertura de las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901. También dispone la conversión de oficio de las pensiones existentes y fija un esquema común para determinar y actualizar los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.
Estas modificaciones deberán ahora atravesar la discusión parlamentaria y no entran en vigencia por la sola presentación del Presupuesto.
Más controles sobre las universidades
El proyecto mantiene además la obligación de que las universidades nacionales presenten información ante el Ministerio de Capital Humano sobre la utilización de los recursos recibidos.
De acuerdo con el texto difundido, el Ministerio podrá interrumpir transferencias en caso de que una institución no entregue la documentación requerida en tiempo y forma. Una disposición similar ya forma parte del Presupuesto vigente para 2026.
También se establece que las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026 serán tomadas como base para calcular los incrementos salariales del próximo año, salvo que existan ampliaciones previamente autorizadas.
El proyecto comenzará ahora su recorrido por el Congreso, donde tanto las modificaciones en discapacidad como el financiamiento universitario aparecen entre los capítulos que anticipan mayor discusión.