¿Quiénes son los empleados legislativos impugnados por el gremio?

APEL había promovido un juicio porque habían llegado con algún diputado y luego permanecieron en planta. Entre ellos hay hijos de exlegisladores como Fernando Peralta y la actual Secretaria Legislativa, Paula Mingo.

Luego de casi diez años, finalmente la Justicia de Chubut dio una sentencia definitiva en una causa relacionada a una denuncia que en su momento presentó la APEL, el sindicato que aglutina a los empleados de la Legislatura, por el nombramiento de varios empleados que habían ingresado a cumplir funciones “políticas” junto a los diputados pero que, en lugar de irse junto a los legisladores cuando se terminó su período, se quedaron dentro de la estructura de personal.

Según informa Jornada en su edición de este lunes, el titular de APEL, Ángel Sierra, recordó que “hace una década, cuando funcionábamos en el Hotel Provincial, en la época de Mario Das Neves y Mario Vargas, se habían hecho un par de nombramientos que nosotros entendíamos que no correspondían porque cortaban la carrera administrativa de otros trabajadores”. Es por eso que aquella vez hicieron la presentación judicial y les salió favorable.

Años después, las autoridades de la Legislatura volvieron a abrir la puerta a múltiples designaciones y el sindicato entendió que otra vez se estaba violando el “derecho al resto de los trabajadores de poder ascender en la carrera administrativa”.

Sierra recordó que en esa ocasión “se hizo un llamado a concurso que entendíamos tenía algunos vicios. Mucho personal se sentía damnificado porque ingresaba gente con categorías superiores a las que tenía la gente con mucha antigüedad”.

A Sierra le llama la atención el tiempo que le tomó a la Justicia resolver esta situación. Encima, ahora será el sindicato el que deberá afrontar las costas de todo el proceso.

QUE DECIA LA DENUNCIA

APEL había ido a la Justicia a defender los intereses de sus afiliados Diana Noemí Ramírez (tesorera), Sandra Marcela Sosa, Daniel Pugliesi, Jorge Arturo Fara, Nidia Irma Soto y Diana Estela González de Nazar, según consta en el actual fallo del Superior Tribunal de Justicia, que recuerda los antecedentes del caso.

El gremio pretendía la nulidad de determinadas designaciones y ascensos o “reubicaciones” en la planta permanente de la Legislatura, dispuestos en dos resoluciones de su Presidencia en 2010 y 2011.

Puntualmente, APEL consideraba que eran nulos los nombramientos de Graciela Almeira, Karina Selva Andrade, Annabella Muñoz, Mario Oscar Lorenzi, Guillermo Federico Martoccia y Paula Mingo, actual Secretaria Legislativa de Ricardo Sastre.

También cuestionaba los nombramientos y ascensos de Regina Paillacura, María Magdalena Carrizo , Romina James, Claudia Roberts, Néstor Fabián Olloa, Carolina Todesco, Mariano Lucas Martínez, Eduardo Alfredo González, Érica Elizabeth Caminoa, Armando Olmos, Jorge Grana, Ricardo Soto, Gustavo Fernando Peralta, María de los Ángeles Lejidos, Silvia Mabel Pecci, Vanesa Lorena Barroso, Patricia Estela Mansilla, Eva Daniela Tellería, Juan Pablo Gallegos, María José Bonillo, Verónica Patricia Roberts, Juan Álvarez, Hugo Staniscia, Daniel Erbes y Luis Edmundo Maglio, todos ellos designados por una resolución de 2011 cuando el dasnevismo se retiraba del poder.

En el reclamo hablaban en particular de dos designaciones: la de Annabella Muñoz, “que se desempeñaba como asistente de su madre la diputada Rosa Muñoz (hoy diputada nacional) y cuestiona que fue designada en un cargo que se creó -“secretaria administrativa de la Asesoría Legislativa”- cuando en esta área –argumentaba la APEL- no había personal y debió llamarse a concurso para que participaran los agentes legislativos con índices inferiores”.

También le apuntaron a Fernando Peralta, exsubsecretario de Derechos Humanos de la gestión dasnevista, al que cuestionaban que sea hijo de la diputada de aquel entonces, Nélida Burgueño.

Casi una década después, el Superior Tribunal le puso un punto final al contrapunto legal. Sin embargo, algunos de los empleados que se sintieron perjudicados por aquellas designaciones siguen reclamando que los ahora beneficiados por la Justicia vayan de una vez por todas a cumplir tareas a la Legislatura.

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