Ratificaron la expulsión del país de un capo narco peruano

La Justicia en lo Contencioso Administrativo ratificó ayer la expulsión del país del narco peruano de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, Marco Antonio Estrada Gonzáles, alias "Marcos", quien ya fue condenado en tres oportunidades, informaron fuentes judiciales.

La decisión la tomó la jueza 10 de dicho fuero, Liliana María Heiland, al rechazar una demanda contra el Estado nacional y el recurso interpuesto por “Marcos” (53) contra la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que había ordenado su expulsión tras dar por “probada y reiterada” su actuación como líder de una organización narcocriminal.

El fallo de la magistrada coincidió con los respectivos dictámenes de la fiscal Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal, Laura Labarthe, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

“Marcos” fue condenado por la Justicia argentina en 2004, 2012 y 2013 por liderar una banda integrada por más de 100 personas que controlaba la villa 1-11-14, desde donde comercializaba drogas y acopiaba armas; y en la última sentencia se le fijó una pena única a 10 años de prisión.

De hecho, tras ese fallo, el juez federal Sergio Torres continuó una investigación y dispuso su detención e indagatoria ante la sospecha de que continuaba dirigiendo las actividades ilícitas.

Además, según precisó la Procuración General de la Nación a través del su página web www.fiscales.gov.ar, “Marcos” se encuentra actualmente procesado en dos causas penales, una de las cuales fue elevada a juicio oral en mayo con otros 26 imputados, entre ellos, su pareja, Silvana Alejandra Salazar (44); y su hermano Fernando Estrada González (51).

“Los hechos imputados no son más que la continuación de la actividad ilícita que viene desarrollando esta organización narcocriminal por él comandada, la cual viene funcionando ininterrumpidamente en el asentamiento poblacional como villa 1-11-14, desde el año 1999, fecha en la cual se advirtió su existencia a partir de una sucesión de hechos violentos que culminaron con la muerte de tres personas”, sostuvo la Procunar en su dictamen.

Por ello, consideró que la permanencia en el país del demandante “contraría a los intereses generales de la sociedad y a la efectiva vigencia de distintos tratados internacionales”.

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