Recuperarían 60 millones de pesos en obras de empresarios imputados por corrupción

En el marco de la causa Revelación, donde tres empresarios quedaron en libertad tras un cambio de carátula pero bajo el compromiso de invertir en obras públicas, el fiscal Héctor Iturrioz remarcó que no permitirán que las obras realizadas sean "de menos de un millón de pesos" por lo que "se van a recuperar para la provincia no menos de 60 millones de pesos" ya que "son algo más de 60" los empresarios involucrados, aunque "no todos están imputados".

En declaraciones a FM Del Mar, el fiscal comodorense que integra la Unidad Anticorrupción, Héctor Iturrioz, dijo que “teníamos distintas opciones: una es la indemnización adecuada y eficiente. La figura que se les imputa es el cohecho activo. Quiere decir que afecta más de un bien jurídico; afecta la correcta acción de los funcionarios”. Remarcó que “conozco la situación de las comisarías y no vamos a permitir que las obras sean de menos de 1 millón de pesos”.

Iturrioz remarcó que el dinero que los empresarios deberán invertir en obras públicas. “Si alcanza o no, no estoy en condiciones de decirlo con certeza, pero las opciones eran la reparación, a la que tiene acceso cualquier persona imputada cuya pena mínima no exceda a los 3 años; es decir que los empresarios tenían posibilidad de acogerse a esto”.

“La figura que se le imputa, cohecho activo, es una figura ofensiva, es decir que afecta a más de un bien jurídico, la correcta actuación del funcionario público y también al patrimonio de quien paga las coimas. En ese caso estaría lindante a la figura de concusión, donde el empresario pasa a ser víctima de la presión del funcionario”, informó.

Remarcó que “para dar tierra con eso, hubieran hecho 1 o 2 pagos y denunciar, pero tenemos que investigar y acusar de acuerdo al marco legal. En un caso, que establecimos de 47 mil pesos, fue más que eso, hubo empresarios que pagaron en efectivo con dinero en negro”

DELINQUE Y PAGA

“La reparación al ser el damnificado la administración pública no tiene un contenido cierto. En este caso, si pagaban la reparación, no les generaba ningún antecedente. En nuestro caso, hay gente que reparó 5 o 6 veces, es decir que delinque, paga, delinque y paga”, cuestionó y agregó que “la figura de asociación ilícita requiere la convergencia intencional para cometer delito. Tiene que tener como fin para ser tal, la comisión de delitos indeterminados. Y actuar todos de un mismo lado; por eso se hace la diferencia con quienes no son funcionarios pero sí se los hace parte”.

En caso de que la justicia acepte la reparación, el fiscal fue consultado sobre la posibilidad de que los empresarios continúen con antecedentes o bien puedan seguir siendo contratistas de la obra pública. Al respecto, Iturrioz planteó que “otra alternativa era seguir, intentar oponernos a la suspensión de juicio a prueba”.

“El marco punitivo va de 1 a 6 años y el atenuante que más peso tiene es la carencia de antecedentes. Nunca una primera condena será de cumplimiento efectivo. En caso de que (el empresario) no cumpla con la reparación, vuelve a juicio y ya es de cumplimiento efectivo en un instituto carcelario”, detalló.

Además, sostuvo que “la última posibilidad que analizamos es la suspensión de juicio a prueba con una reparación que tenía que tener un beneficio a la comunidad. Una reparación de dinero partiendo de la base de un millón de pesos iban a ir a las cuentas de la Provincia y a partir de ahí no íbamos a saber el destino porque perdíamos el contralor; entonces, apareció la posibilidad de hacer obras en beneficio de la comunidad”.

“Conozco la situación de las comisarías y no vamos a permitir que las obras sean menos de 1 millón de pesos”, afirmó. Además, comentó que en la causa hay 60 empresarios involucrados y la semana que viene se va a imputar a 60 más.

“Lo evaluamos y no tendría sentido inhibir a todas las empresas porque tendríamos que convocar a empresas de otras provincias que vienen con un gran porcentual de gente de afuera y eso genera conflicto porque son más de 3 mil trabajadores en todas las empresas”, destacó. Y aclaró que “a quien se inhabilita es la persona física no jurídica”.

Además, sostuvo que “no implica la renuncia a las acciones civiles para que Provincia cobre porcentajes que requiera. Había que hacer 60 pericias contables y es inhumano a una profesional pedirle eso porque sería de difícil cumplimiento”.

En otro orden, Iturrioz sostuvo que “no se peritaron las obras involucradas. Tenemos que peritar las 200 o 300 obras. La justicia no puede hacerse cargo de todas las falencias del Estado. Con el doctor (Alfredo) Pérez Galimberti que representa a los diputados querellantes del FpV, teníamos un par de discusiones porque planteaba que había que dar una sanción ejemplar. Era una suerte de imposición que nos hagamos cargo de lo que no se hizo desde hace 30 años. El Ministerio Público Fiscal tiene como primera regla de actuación la legalidad y objetividad. Sería una suerte de vengar estos 30 años de inacción de estos poderes”.

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