Las definiciones forman parte del paquete de iniciativas que el Gobierno planea enviar al Congreso para ser tratadas en las sesiones extraordinarias de diciembre, dentro del capítulo de reforma tributaria que la administración de Javier Milei busca implementar en la segunda mitad de su gestión.
Según trascendió en reuniones entre funcionarios y representantes del sector privado, la propuesta oficial contempla terminar con el régimen simplificado creado en 1998. De este modo, todos los inscriptos pasarían automáticamente al régimen general, bajo la categoría de autónomos, con nuevas escalas y deducciones.
Entre los cambios analizados se detallan:
• Eliminación del monotributo: los contribuyentes migrarían al régimen de autónomos.
• Nuevas escalas de autónomos: entre 100.000 y 500.000 pesos, incorporando deducciones por gastos personales.
• IVA: un umbral mínimo equivalente a la actual Categoría F del monotributo, es decir, ingresos de alrededor de 3 millones de pesos mensuales.
• Impuesto a las Ganancias: un único mínimo no imponible estimado en 1,7 millones de pesos mensuales para 2025.
• Nuevo régimen de empleo: reducción de aportes y contribuciones para nuevas contrataciones, trabajadores desempleados durante seis meses y exmonotributistas.
La justificación central del Gobierno es “formalizar la economía” y reducir lo que consideran distorsiones producidas por regímenes múltiples y superpuestos.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó algunos lineamientos generales en la conferencia anual de FIEL. Allí afirmó que una reforma tributaria integral debe estar coordinada con cambios laborales “para no romper el ancla fiscal” y señaló que el objetivo final es desmontar impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, retenciones y Ganancias empresariales. Sin embargo, admitió que su eliminación inmediata no es viable porque representan una porción importante de la recaudación.
Mientras continúan las conversaciones con cámaras empresarias, gobernadores y legisladores, el Gobierno prepara los detalles finales del proyecto. La expectativa oficial es que las modificaciones fiscales puedan ser debatidas antes de fin de año o durante el inicio del período legislativo 2026.
De avanzar, la reforma implicaría un cambio profundo en la forma de tributar de millones de trabajadores independientes, comerciantes y profesionales, además de modificar la estructura fiscal que Argentina sostiene desde hace más de dos décadas.