Renovadas críticas para los manifestantes antimineros

"Hay una sutil pero notable diferencia entre el derecho de manifestarse y el alzamiento contra las instituciones de la democracia", afirmó Mario Bensimón, vicepresidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut.

El vicepresidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut (CAPEM), el abogado constitucionalista Mario Bensimón, manifestó su “preocupación por los hechos de violencia” producidos en los últimos días y que fueron protagonizados por personas antimineras. En ese marco, instó a llevar adelante un “debate pacífico” en el ámbito legislativo en torno al proyecto de zonificación en la Meseta que aguarda ser tratado por los diputados provinciales.

Bensimón manifestó, en nombre de la CAPEM, su “preocupación por los hechos de violencia que se han dado en los últimos días, particularmente por la violencia sufrida por el vicegobernador (Ricardo Sastre)”, a raíz del rechazo que la Legislatura confirmó la semana pasada contra el proyecto de ley de Iniciativa Popular que pretendía prohibir todo tipo de actividad minera en Chubut.

COMPARACIONES

En declaraciones a FM Tiempo de Comodoro Rivadavia, Bensimón mencionó “la sutil pero notable diferencia entre el derecho de manifestarse y el alzamiento contra las instituciones de la democracia”, por lo cual “es preciso pedir mesura a todas las partes, y tratar de desarrollar un debate garantizando la participación de todos en un ámbito pacífico”.

Bensimón dijo que al proyecto de zonificación minera, que lleva el número 128/20, “muchos no lo han leído”, pero explicó que desde la CAPEM “lo hemos analizado y hace punta en varias materias, sobre todo en la ambiental y en el compre local, ya que el porcentaje de contratación de empleados provinciales es más exigente que en otras provincias”.

“Va a ser papel nuestro, desde la CAPEM (y esperamos desde otras cámaras también), capacitar al empresariado local para que pueda formar parte del desarrollo en el momento en que se pueda dar, para que la mayor parte de la renta que se produzca quede en el territorio provincial”, indicó.

Repasó en este contexto que “a pesar de que la Ley 5.001, sancionada en 2003, prohibió la actividad minera por un plazo de 120 días que se terminó convirtiendo en 18 años, el Estado Provincial siguió concediendo cateos, lo cual generó la llegada de inversiones en algunos sectores de la provincia, fundamentalmente en la Meseta. Eso se paralizó en 2014, cuando Chubut daba señales contradictorias a los inversores”.

“Pero -consideró- a partir de una nueva rediscusión, todas esas inversiones pueden llegar, siempre y cuando Chubut muestre la vocación por dar señales de seguridad jurídica, de respeto a las inversiones y de reglas de juego claras”.

EMPLEO Y PROVEEDORES

En este sentido, sostuvo que “el debate por la renta minera no pasa solamente por las regalías sino también por la generación de empleo y por el desarrollo de proveedores locales”.

Dijo en particular que “en Chubut contamos como nave insignia del desarrollo minero al Proyecto Navidad, el yacimiento de plata más grande del mundo sin explotar que, según los números presentados en organismos oficiales, contaría en construcción con un número cercano a 3.000 trabajadores. Y luego de la construcción, con unos 1.000 empleados directos y 3.000 a 4.000 indirectos, con los proveedores que trabajarían en el proyecto. Esto sin contar con el desarrollo de nuevos cateos e inversores que puedan llegar a la provincia”.

DOS MODELOS

A su criterio, “en la provincia hay básicamente dos modelos en pugna. Esos modelos se encontraron representados hace unos días por dos proyectos en la Legislatura: uno, de desarrollo a partir de una alianza estratégica entre sectores de la producción y del trabajo que intentan pensar en la necesidad de generar trabajo y mejorar la economía provincial como precondición para una redistribución del ingreso y para permitir que miles de chubutenses que hoy están excluidos de la economía provincial puedan tener acceso a una mejor calidad de vida”.

Como contrapartida mencionó “el modelo de la caridad, que solo tiene una respuesta para los sectores que están bajo la línea de pobreza, una respuesta meramente asistencialista. Para la Meseta en particular es acordarse de esas regiones solo cuando entran en la agenda pública a partir de algún evento climático. Y allí van con sus campañas de caridad y de ropa usada”.

“Si vemos el modelo de provincia que está establecido en Chubut desde 2003, tomando como corte la sanción de la Ley 5.001, es uno que tiene al Estado como norte de todas sus políticas y que le ha dado la espalda al sector privado”, definió.

Fundamentó su afirmación en que “en base a datos oficiales, desde 2003, Chubut se encontró entre las provincias que más han incrementado su plata de personal público. En este mismo período, si el sector público venía en una moto de alta cilindrada, el sector privado anduvo en una bicicleta en llanta: fue la quinta provincia que menos incrementó el empleo privado, con un 17% menos de la media nacional”.

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