Salud Mental hizo balance de los tres años de ILE

Los profesionales del área del Hospital Regional indicaron que en la mayoría de los casos la interrupción obedeció a razones "psíquicas" y que ninguna mujer solicitó tratamiento específico en forma posterior.

“Desde el año 2017 realizamos entrevistas psicológicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a las personas que solicitan dicho procedimiento”, expresa un grupo de profesionales del área externa de Salud Mental del Hospital Regional.

Mariano Lecuona (MP 0847); Florencia León (MP 1025); Nicolás Mansutti (MP 1034); Marianela Magadan (MP 0927) y Sebastián Núñez (MP 0596) sostienen que “con más de 300 entrevistas realizadas, consideramos nuestro deber ético comunicar algunas reflexiones al respecto”.

En principio, “resulta interesante señalar que la mayoría de las mujeres (90% aproximadamente) que solicitan el acceso a la práctica se enmarcan en la causal psíquica, según la estadística del servicio de ginecología tomada entre los meses de julio a diciembre del corriente año; siendo solo una minoría las que acceden a la misma por causales orgánicos o violación”.

Este dato “va de la mano con la urgente necesidad de la aplicación de políticas orientadas en la dirección de una educación sexual integral, y de la promoción y difusión de métodos anticonceptivos que puedan prevenir la necesidad de llegar a solicitar una interrupción”.

Asimismo, se manifiesta “una evidente necesidad social de abrir espacios que alojen la demanda de una realidad que se desarrolla, de otro modo, de manera clandestina”.

Por otro lado, “se evidencia en este tiempo de realizar las entrevistas psicológicas que, del total de las personas entrevistadas, ninguna solicitó un espacio de atención psicoterapéutico luego del procedimiento. Y en los casos en los que sí se requirió de dicha intervención, fue debido a problemáticas previas, que la práctica de una ILE y el contacto con la atención en salud mental a través de esta, pusieron al descubierto, en su mayoría con relación a la violencia de género”.

Lecuona, León, Mansutti, Magadan y Núñez consideran que “por lo anteriormente desarrollado, nos encontramos en condiciones de hipotetizar que los efectos traumatizantes de una interrupción de embarazo no se deben a la interrupción en sí, establecida en la decisión de una mujer, sino que refieren exclusivamente a las situaciones en que esta práctica se realiza por fuera de la ley, y en las cuales lo punitivo aparece como respuesta a una problemática de salud”.

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