“Se suicidaron 12 personas”. La frase, pronunciada por el activista Ian Moche en un video difundido en redes sociales, sintetiza la dimensión más extrema de una crisis que atraviesa al colectivo de personas con discapacidad y a sus familias. Según denunció, se trata de niños, adolescentes y adultos que no pudieron sostener tratamientos ni acceder a terapias por la falta de cobertura y de políticas públicas efectivas.
El testimonio puso el foco en las consecuencias humanas de la demora en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que fue aprobada por el Congreso pero que, a meses de su sanción, continúa sin implementarse plenamente. Moche advirtió que la situación se vuelve aún más crítica frente al inminente inicio del ciclo lectivo: “No se sabe si van a abrir las escuelas especiales, si habrá acompañantes, si se garantizará la medicación o el transporte. Nadie sabe qué va a pasar”.
La denuncia no se limita a la falta de previsiones administrativas. En su mensaje, el joven cuestionó la ausencia de respuestas del Estado y apuntó contra sectores de la dirigencia política y del periodismo por no visibilizar una problemática que, afirmó, ya se cobró vidas. “Esto llegó a un nivel de gravedad que no se puede seguir ignorando”, sostuvo.
En la misma línea se expresó la actriz Valentina Bassi, quien calificó la situación como una vulneración directa de derechos humanos. “El Gobierno está en desobediencia judicial, viola la Constitución y la división de poderes”, afirmó, al tiempo que reclamó un posicionamiento activo de legisladores, dirigentes y comunicadores. “No existe la neutralidad cuando se avasallan derechos de personas tan vulnerables”, remarcó.
La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) fue sancionada en julio de 2025 y declara la emergencia nacional en el área hasta fines de 2026. Entre otras medidas, prevé la actualización de prestaciones, la creación de pensiones no contributivas y la regularización de deudas con prestadores de salud. Sin embargo, tras un veto inicial del Poder Ejecutivo —luego rechazado por el Congreso—, su aplicación quedó condicionada por un decreto que supeditó su ejecución a la definición de fuentes de financiamiento.
En enero de este año, la Justicia intimó al Gobierno a reglamentar e implementar la norma antes del 4 de febrero, bajo apercibimiento de sanciones. Mientras ese plazo se agota, el reclamo de Mosche vuelve a poner en primer plano el costo social de la inacción estatal. La mención de las 12 muertes no solo busca interpelar al poder político, sino también advertir que detrás de cada demora hay historias concretas, derechos vulnerados y consecuencias irreversibles.