Con el objetivo de acceder a información pública, el presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, elaboró, junto a la integrante de su bancada María Andrea Aguilera, un proyecto de Resolución que busca conocer el organigrama completo del Gobierno Provincial, así como los funcionarios y el personal de Gabinete designado desde la asunción de la actual gestión, el 10 de diciembre del año pasado, hasta la actualidad.
El pedido de informes invoca el artículo 13 de la Constitución del Chubut, así como la Ley de Libre Acceso a las Fuentes Oficiales de Información de los Actos de Gobierno, y deja en claro que es una facultad del Poder Legislativo prevista en el inciso 3 del artículo 134 de la Constitución Provincial “solicitar los datos e informes que crea necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, al Poder Ejecutivo y a los jefes de oficinas administrativas, quienes deben suministrarlos en el plazo que se les concede y exhibir sus libros y papeles”.
El proyecto se dirige al gobernador Mariano Arcioni para que informe, en el plazo de cinco días, el “detalle completo con discriminación por Ministerio, Secretaría y/o Entidades Autárquicas, del organigrama vigente y el/la funcionario/a designado en cada uno de los casos, desde la autoridad máxima hasta la categoría de Director, desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha”.
También Pagliaroni y Aguilera pidieron conocer el detalle de quienes han sido designados como “Personal de Gabinete, indicando para cada caso nombre y apellido, DNI y Ministerio o Secretaría en la que desarrolla sus actividades, fecha de inicio de actividades, remuneración percibida o equiparación salarial dispuesta”, también desde el día de la asunción del actual Gobierno.
Según trascendió, y al igual que al procurador general Jorge Miquelarena, provocó alarma la designación en los últimos meses de personal en altos cargos sin constar un legajo con datos básicos, como antecedentes penales y dirección.
En este sentido, un caso paradigmático sería el de la exsubsecretaria de Desarrollo Social, Jacqueline Rodera, cuya vivienda en Playa Unión también fue allanada el último miércoles, en el marco de la investigación por la denuncia de supuestos hechos de corrupción de la exministra Cecilia Torres Otarola.