Tenía restricción y apareció en la casa de su expareja

Martín Galarce fue imputado tras intentar ingresar a la casa de su expareja y resistirse a la orden de la policía. La Justicia acordó aplicar una solución alternativa al conflicto, incluyendo una reparación económica para el hospital local. El hecho ocurrió en Río Senguer.

El fiscal Matías Ayuzo presentó cargos contra Martín Galarce, acusado de violación de domicilio y resistencia a la autoridad. Los hechos tuvieron lugar el sábado pasado en el barrio "11 Viviendas" de la localidad de Alto Río Senguer, donde Galarce habría intentado ingresar a la casa de su expareja en horas de la mañana. En el lugar se encontraba una hermana de esta, quien, tras ver a Galarce, le pidió que se retirara. Sin embargo, minutos después, el sujeto volvió al domicilio e intentó acceder por la puerta principal.

Ante la insistencia de Galarce, la joven solicitó asistencia policial. Al llegar, los agentes le ordenaron que se retirara, pero el imputado respondió con violencia, intentando agredirlos a golpes de puño. Como resultado, fue detenido y trasladado a la comisaría local.

En la audiencia de control de detención celebrada en la ciudad de Sarmiento, el fiscal Ayuzo solicitó la formalización de la investigación y el inicio de un plazo de seis meses para indagar los hechos. No obstante, dado el perfil del caso, propuso recurrir a la intervención de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos (SAC), opción respaldada por la defensa de Galarce, representada por la abogada Rosa Sánchez.

La defensa del imputado acordó que Galarce presentara una disculpa formal a la víctima, acción ya realizada y aceptada por la damnificada. Además, como parte de la conciliación con la administración pública, el imputado deberá donar 10 mil pesos al hospital de Alto Río Senguer.

Finalmente, el juez penal Ariel Quiroga autorizó la salida alternativa y dispuso el sobreseimiento de Galarce en cuanto a la acusación de violación de domicilio, manteniendo la imputación por resistencia a la autoridad. Asimismo, ordenó que el imputado cumpla con la reparación económica en un plazo de dos semanas, cerrando así este capítulo judicial.

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