Un exfuncionario apuntó al Gobierno y denunció extorsión judicial

Se trata de Rafael Llorens, exasesor legal del Ministerio de Planificación, que estuvo 8 meses preso porque no accedió a ser arrepentido.

Uno de los acusados de la causa basada en las fotocopias de los cuadernos de un chofer, el ex funcionario Rafael Llorens, se opuso que el caso sea elevado a juicio, pero como considera que seguro se realizará, aseguró que en esa instancia se demostrará la extorsión judicial y pidió su sobreseimiento.

“La imputación está construida sin pruebas válidas y sobre la base de dichos de imputados que fueron extraídos bajo algún tipo de engaño o coerción y dictados en función de un libreto pre concebido”, advirtió el defensor de Llorens, Mariano Silvestroni.

Llorens, ex asesor legar del Ministerio de Planificación, estuvo 8 meses preso porque no accedió a ser arrepentido. Su abogado dijo que se lo convirtió en un “muerto civil”, sin pruebas concretas “por no acomodarse a la historia oficial”.

“La demostración de la extorsión judicial será el objeto específico del juicio oral en caso de que la causa sea (contra derecho) finalmente elevada a dicha instancia procesal”, indicó.

LAS CRÍTICAS A LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Al responder al pedido de requerimiento de elevación a juicio que hizo el fiscal Carlos Stornelli, la defensa de Llorens pidió el sobreseimiento y cuestionó el rol de la Oficina Anticorrupción como querellante o parte acusadora.

“La Oficina Anticorrupción se encuentra legalmente inhabilitada para promover la acción penal contra mi cliente en esta causa, en razón de haber ejercido una actuación conceptualmente corrupta, en tanto guiada por intereses particulares que son antepuestos al del conjunto social que debería custodiar”.

“Ello es consecuencia de las declaraciones de su titular (Laura Alonso) en cuanto, sin vergüenza ni ambigüedades, afirmó que no actúa como querellante en las causas dirigidas a funcionarios de su sector político, reconociendo, por lógica consecuencia, que sólo actúa como querellante contra funcionarios que provienen de otro sector político, concretamente del sector al que pertenece mi cliente”, dice la presentación firmada por el abogado Mariano Silvestroni.

El letrado citó las declaraciones de Laura Alonso en los medios y advirtió que “este reconocimiento pone de manifiesto que la actuación de la OA se aparta del rol que le asigna su ley de creación, instituyéndose como una persecución política, discriminatoria e inconstitucional”.

“Y eso es justamente lo que planteamos en este escrito: la imposibilidad actuar en la causa de la OA respecto de nuestro cliente, en tanto presunto autor de delitos que la propia OA ha decidido no perseguir penalmente cuando la sospecha recae sobre los integrantes del gobierno al que pertenece su titular”.

"LIBRETO" Y "TIRANÍA"

El letrado califica el accionar del estado como “tiranía” por no respetar los derechos y garantías de libertad que la Constitución de un Estado debe resguardar.

“La imputación está construida sin pruebas válidas y sobre la base de dichos de imputados que fueron extraídos bajo algún tipo de engaño o coerción y dictados en función de un libreto pre concebido que fue tomado como única pauta de verdad, de modo tal que los imputados supieran en todo momento: a) que si “colaboraban” se salvaban de la cárcel; y b) que colaborar no era decir la verdad sino ajustarse al guion que surgía de las fotocopias de los presuntos cuadernos incinerados”, dice uno de los párrafos del escrito.

“Esto resta todo valor probatorio a la prueba de cargo y exige el inmediato sobreseimiento de mi cliente”, remató el letrado.

La defensa denunció que la investigación fue un “proceso irregular y contrario al estándar constitucional y convencional en materia de garantías, se han limitado severamente todos los derechos procesales de mi cliente, se lo detuvo durante 8 meses, se lo transformó en un muerto civil con un embargo multimillonario, sin pruebas concretas que lo justifiquen, como castigo implícito por no haber aceptado acomodarse a la historia oficial y en franca violación (una vez más) al principio de igualdad ante la ley”.

La falta de pruebas de cargo, es otro de los argumentos de la defensa para solicitar el sobreseimiento. Refutó las anotaciones del chofer Oscar Centeno en cuadernos “incinerados”. “Jurídicamente las anotaciones incineradas no sirven como prueba contra mi cliente”. “Ninguna de las anotaciones da cuenta de que mi cliente haya recibido dinero de parte de Isolux y Electroingeniería”, como se afirmara en la investigación. “Por lo demás, ni el Sr. De Goycochea (arrepentido que declaró respecto de Isolux) ni Ferreyra (Electroingeniería) confirmaron esos hechos sino todo lo contrario”, explicó el abogado.

LA DECLARACIÓN DE FARIÑA

Luego dedicó unos párrafos al mediático Leonardo Fariña y la utilización de sus declaraciones como prueba. “La incorporación “a la Dalessio” de los dichos de Fariña en esta causa para perjudicar a Rafael Llorens es una prueba elocuente del modo ilegal en el que se construyó la imputación”.

“Recordemos que Fariña aparece declarando ante el Fiscal rebelde, (en referencia a Stornelli) sin que éste tuviera delegada la causa, en un acto claramente irregular, instrumentado mediante el insólito recurso de incorporar una copia parcial de un escrito presentado en otra causa”.

“Pero lo cierto es que los presuntos dichos de Fariña no dan cuenta de hechos que este comodín de Comodoro Py haya percibido por sus sentidos, ni da cuenta de sus dichos, ni de su fuente de conocimiento. La valoración de su “testimonio” (coherente con el curso del proceso) no hace más que corroborar la precariedad probatoria de la imputación”.

“En tren de acudir a comodines (la impropia utilización del tipo de la asociación ilícita, la imputación global para evitar fundamentar responsabilidades individuales) nada mejor que echar mano del acomodado estrella de la Argentina, abonado al multimedios desinformante y a sus jueces y fiscales acólitos. Dicho en otros términos: como nada hay llamemos a Fariña”, se explayó el letrado sobre el conocido arrepentido de otra causa en la que se investigan maniobras de lavado.

“No existe ningún vínculo entre un acto funcional concreto de Rafael Llorens con algún hecho irregular de los investigados en esta causa. En consecuencia, el argumento basado en la función de mi cliente no hace más que confirmar lo que se viene diciendo: como no hay nada en su contra, como no tienen ninguna prueba concreta, necesitan acudir a generalidades y abstracciones para suplir las lagunas y abonar el relato al que se aferran como si fuera la tabla de Carnéades”, en referencia a la expresión del filósofo sobre la tabla en el mar a la que intentan aferrarse dos náufragos.

Luego rebatió el delito de asociación ilícita por el que está acusado LLorens, figura que ha sido borrada de las acusaciones a empresarios.

“En este caso, a Rafael Llorens se le atribuye 1 sólo hecho de recepción de dádiva que contrasta en mucho con la situación de otros, como por ejemplo el imputado Calcaterra o Pescarmona”, dos de los empresarios a los que la Cámara ha desprocesado de la figura de asociación ilícita.

“La presunta intervención en un hecho concreto de recepción de dádivas no es suficiente para sospechar la integración de una asociación con permanencia, organización, indeterminación de planes delictivos y demás”, explicó el defensor.

Para finalizar pidió el sobreseimiento de Llorens y la reserva de acudir a Casación y a la Corte Suprema de Justicia.

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