Una niña abusada sin respuesta de la Justicia

Organizaciones de derechos humanos y de defensa de las mujeres y las niñeces y reconocidas feministas pidieron la restitución inmediata de la niña Sol a su madre.

Hace tres años el Poder Judicial de Córdoba le quitó la custodia a la madre en favor de la familia del padre, acusado de abusar sexualmente de la niña. Y ahora, a pesar de que el padre fue imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal” hacia la niña y la causa penal elevada a juicio, la justicia civil no solo no tomó nota de esta situación, sino que le impide a la madre ver a la niña.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Red Viva, junto a numerosas organizaciones de derechos humanos y de defensa de las mujeres y las niñeces, y especialistas en la temática de género como Diana Maffía, María Elena Naddeo, Nelly Minyersky, Enrique Stola, Carlos Rozansky, Dora Barrancos, Taty Almeida, Sara Barni, Liliana Hendel, entre otres, remitieron a la Cámara Civil y Comercial Trabajo y Familia número 1 de Río Tercero provincia de Córdoba el pedido de “inmediata restitución” de la niña Sol (nombre ficticio) a su mamá.

Sol fue sustraída del seno materno luego que su madre insistiera con denunciar por abuso sexual al progenitor. Desde el 23 de septiembre de 2019, está bajo un régimen de guarda provisoria a cargo de su abuela paterna. La orden fue dada por Romina Sánchez Torassa, titular del Juzgado de 1ra Instancia y 1ra Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero. La niña fue retirada del jardín al que asistía con guardia policial y trasladada abruptamente a 200 km de su hogar y sus afectos. “Tres años de obstrucción del vínculo madre niña, tres años de litigar y de presentar numerosas apelaciones, afrontando además una denuncia penal contra la madre por un poder judicial machista que castiga a quienes tienen el coraje de denunciar”, dice la presentación.

UN GIRO INCOMPLETO

Paralelamente, en la causa penal, desde fines del año pasado la fiscal de Instrucción en Bell Ville, Isabel Reyna, profundizó la investigación iniciada por la fiscal María Luján Bruera en Río Tercero, desarchivó causas previas de denuncias hechas por la madre de la niña, que habían sido archivadas por el fiscal Nicolás Gambini y finalmente, en mayo de este año, imputó por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado” y “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado y corrupción de menores calificada”, al padre de la niña. Le fijó al progenitor una fianza de dos millones y medio de pesos y el cumplimiento de algunas reglas de conducta y elevó la causa a juicio. Por estos delitos le cabrían 14 años de prisión como mínimo al acusado.

Este giro en la causa penal, sin embargo, no tuvo impacto en la civil. Hoy a pesar de que la denuncia de abuso está elevada a juicio, y que otros motivos por los cuales le habían quitado la guarda de la niña a la madre fueron desestimados, la jueza, en vez de dictaminar en favor de la madre, le suspendió el régimen de comunicaciones, que ya era bastante escueto: Sol podía ser visitada por su madre una vez cada quince días.

Le suspendieron las visitas porque salió publicada una nota en un medio de Córdoba que informaba sobre la imputación del padre de Sol y la jueza consideró que la madre había dado información al medio y le suspendió el régimen de comunicación. La nota es del 19 de junio, salió y al día siguiente la mujer tuvo la última visita con su hija. Y desde entonces no pudo verla más.

El 25 de julio, los abogados de la madre pidieron el cese de la guarda en manos de la abuela de la niña para que vuelva a vivir con la madre, acompañando las pruebas de la imputación y la elevación a juicio por abuso sexual del padre. Además, acreditaron que el último abuso habría ocurrido durante el último encuentro de régimen de visita con el padre, que debía ser controlado por la presencia permanente de la guardadora, es decir la abuela de la niña y madre del acusado.

Aun sabiendo que la nena está con la persona que por acción u omisión permitió la comisión de abusos, y aunque se había expedido para suspender las visitas de madre a hija, la jueza se excusó diciendo que no podía responder porque la causa está en elevada en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Trabajo y Familia S1-Río Tercero.

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