La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió profundizar su plan de lucha y convocó a un paro docente de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre. La decisión fue aprobada por “amplia mayoría” durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, que contó con la participación de sindicatos de base de todo el país, entre ellos Coad, Feduba, Adum, Adiuc y AGDU.
El reclamo central se enfoca en la urgente actualización salarial y en la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La federación sostiene que el Ejecutivo mantiene un “recorte salarial de facto” y anunció que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzará con una presentación judicial para exigir la reapertura inmediata de las paritarias.
Desde CONADU advirtieron que el deterioro de los salarios y el congelamiento presupuestario están afectando el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas. “Si el Gobierno persiste en su negativa a aplicar la ley, el conflicto escalará y pondrá en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026”, alertaron.
En ese sentido, la federación fue contundente: si no hay respuestas concretas, el ciclo lectivo del próximo año no comenzará. El Plenario expresó consenso absoluto respecto de que este paro de 72 horas es solo el primer paso dentro de una estrategia más amplia, que podría incluir la suspensión del inicio del ciclo lectivo hasta que se cumpla la ley y se reabran las negociaciones salariales.
El conflicto se enmarca en la discusión del Presupuesto 2026, escenario en el que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, confirmó que la Ley de Financiamiento Universitario no será implementada. Aunque el funcionario sostuvo que la inversión educativa tendrá un aumento nominal del 17,6 %, los gremios denuncian que la pérdida salarial acumulada supera el 40 %.
“La indiferencia oficial agrava el deterioro del sistema y empuja al conflicto”, señalaron desde la Federación. Además, CONADU mantiene una coordinación estrecha con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que ya resolvió presentar una acción de amparo para exigir el cumplimiento de la norma.