Unos 300 obreros de CPC que residen en Caleta lograron cobrar tres quincenas

Finalmente ayer, luego de haber soportado varios meses de incertidumbre por el cobro de salarios adeudados, alrededor de trescientos obreros de la empresa constructora CPC que venían desempeñándose en cuatro obras que actualmente se encuentran paralizadas, pudieron percibir tres quincenas que representan una suma promedio de 31.500 pesos.

Caleta Olivia (agencia)

Los cheques que cobraron en la sucursal del Banco Nación, los recibieron en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, ya que fue la magistrada Marta Yáñez quien hace pocas semanas emitió una resolución imperativa por la cual ordenaba a la Dirección Nacional de Vialidad que liberara los fondos de cuentas embargadas a CPC Ingeniería e Infraestructura.

Yañez avanzó sobre disposiciones adoptadas por otro juez de Comodoro Py, al que pareció no importarle el sufrimiento de trabajadores patagónicos y sus familias.

Esa razón explica por qué a media mañana de ayer se escuchó el grito de “¡Viva la jueza¡” proferido por uno de obreros que hacían fila frente al edificio público para retirar su cheque, lo que le hacía recobrar su dignidad como trabajador.

BUROCRATAS

Pero también hay que señalar que la burocracia porteña no le hizo las cosas fácil a la jueza caletense ya que si bien Vialidad Nacional, en su carácter de comitente de obras le había confirmado días atrás que emitiría de inmediato los fondos a la sucursal local del Banco Nación, ello no se cumplió.

La noticia inicial había generado semanas atrás gran entusiasmo entre los trabajadores, incluyendo a varias mujeres que venían desempeñándose en el sector laboratorio y en el servicio de maestranza del obrador.

Sin embargo, cuando acudieron a la entidad crediticia el gerente les comunicó que a la cuenta “a la orden” del Juzgado Federal de Caleta Olivia no había llegado ninguna transferencia de fondos.

Luego, El Patagónico pudo saber que los fondos se encontraban en un fideicomiso del Ministerio de Transporte, del cual depende Vialidad y de por medio había más de una decenas de funcionarios burócratas que seguían relegando un reclamo salarial que provenía del lejano sur.

LOS HABIAN DEJADO SOLOS

El conflicto laboral-salarial en CPC (que también cobró fuerza con protestas de obreros que residen en Comodoro Rivadavia), comenzó a visualizarse a mediados de noviembre cuando dejaron de pagarse quincenas a consecuencia de las causas judiciales contra un conjunto de empresas del antiguo Grupo Indalo.

A partir de piquetes con tediosos cortes de rutas y marchas de protesta por las calles céntricas caletenses, los obreros solo habían podido percibir tres pagos de alrededor de 5 mil pesos cada uno hasta enero.

En ese lapso, las promesas formuladas por varios políticos para resolver ese y otros problemas, sobre todo los vinculados a Cambiemos, dejaron de ser prioritarias ya que atrás habían quedado las campañas electorales legislativas.

Los obreros asignados a las inconclusas obras del Tramo 2 de la Autovía RadaTilly –Caleta Olivia, Avenida de Circunvalación, Planta de Osmosis Inversa y tendido de la Red Eléctrica de 130 kv entre Pico Truncado y Caleta, quedaron solos.

Tanto que ni siquiera apareció Cristian Salazar, el principal dirigente de la UOCRA en la zona norte santacruceña. Y también quedó reflejado que la Secretaría de Trabajo de la Provincia pareció ser un simple sello de goma.

Finalmente si bien ayer se les reconoció a los trabajadores parte de la deuda salarial, aún es incierto su futuro laboral ya que no saben si continuarán dependiendo de CPC o de otra empresa que la reemplace.

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