La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, brindó ayer una conferencia de prensa para anunciar una serie de beneficios sociales para paliar la crisis. Sin embargo, la grave denuncia por los aportantes falsos de Cambiemos fue el tema cuando Vidal dio lugar a las preguntas.
Esta vez, reconoció las sospechas y dijo que estaba dispuesta a poner la cara frente a las “dificultades de la gestión”. La gobernadora bonaerense dijo que le pidió la renuncia a la contadora general de la provincia de Buenos Aires, Fernanda Inza, quien también estuvo a cargo de las cuentas de la campaña de Cambiemos y está denunciada por el financiamiento ilegal.
“Frente a esto -dijo Vidal sobre las denuncias de robo de identidad que se multiplican entre los supuestos aportantes de Cambiemos- doy la cara como lo hecho siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión”.
Aclaró que tras el escándalo tomó una serie de medidas para intentar bajar el costo político de la denuncia.
En primer lugar ordenó una auditoría sobre la rendición de fondos que hizo su propio partido a la Justicia. Según, Vidal esta auditoría ya se está en marcha. En segundo lugar, le pidió la renuncia a la jefa de la contaduría de la provincia, la misma que estuvo al frente del financiamiento de la campaña. “Le pedí la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría de la provincia, quien también formó parte del equipo de campaña. Confío en ella y no tengo ningún elemento que demuestre su culpabilidad en este caso, pero haberle pedido la renuncia responde a demostrar que no somos todos lo mismo”, dijo la gobernadora que intentó despegarse de la falta de transparencia.
Vidal también adelantó que el Gobierno está trabajando en una nueva ley de financiamiento de partidos políticos. “La ley actual tiene lagunas y tiene dificultades y ese proyecto incluye la bancarización de los aportes”, sostuvo y abrió la puerta para su reelección. “Mi compromiso es que si el año que viene yo soy candidata por la provincia los aportes de mi campaña van a estar todos bancarizados aunque la ley no lo exija”, afirmó.
A diferencia de la semana pasada cuando la gobernadora intentó esquivar las acusaciones y adjudicarlas a sectores kirchneristas, esta vez asumió la gravedad de la denuncia. Antes de salir a poner la cara por el escándalo de los aportantes truchos, anunció beneficios a comedores y descuentos de hasta el 50 por ciento en los supermercados. Lo hizo asumiendo la crisis económica que atraviesa el país producto del ajuste acordado con el FMI, la corrida cambiaria y las altas tasas.