Vigiladores vuelven a bloquear acceso a Cóndor Cliff y se agudiza el conflicto

El acceso al obrador de la represa que se construye sobre el río Santa Cruz y a 130 kilómetros de El Calafate, se encuentra nuevamente bloqueado desde las últimas horas del miércoles. La medida de fuerza es desarrollada por vigiladores de la empresa privada "Fortaleza" a quien la UTE "Represas Patagonia" le rescindió el contrato. La unión transitoria de empresas ya habría establecido un convenio con la Policía de Santa Cruz para que sea esa fuerza quien le brinde el servicio de seguridad en reemplazo del servicio privado.

Caleta Olivia (agencia)

El conflicto que dejó cesantes a unos 60 vigiladores, según la cifra que dio a conocer el gremio de la Unión de Personal de Seguridad Privada (UPSAP), se agudizó el mismo miércoles cuando en la audiencia convocada en Río Gallegos por el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, ambas partes mantuvieron firmes sus posturas y no llegaron a ningún acuerdo.

Mientras se desarrollaban esas negociones el bloqueo al acceso al obrador de la empresa Condor Cliff había quedado suspendido, pero recrudeció ante el fracaso de las negociaciones. Las medidas por parte de los vigiladores de “Fortaleza” contra “Represas Patagonia” se habían iniciado el jueves 15 de agosto. Impide el paso de camiones de transporte de combustible y alimentos, además de micros que trasladan a centenares de obreros de la construcción afiliados a la UOCRA.

Ayer la tensión iba en aumento porque voceros del UPSAP, el gremio de los vigiladores, aseguraron a El Patagónico que la unión transitoria de empresas que conforman “Represas Patagonia” y que pertenecen a capitales chinos y argentinos ya había reemplazado el servicio de vigilancia privada por policías. Así, al menos cuarenta efectivos de esa fuerza se seguridad ya estaban apostados en el campamento.

El gremio argumenta que los empresarios acusan a “Fortaleza” de no haber cumplido una tarea efectiva, como ser controlar que entre los trabajadores afiliados de UOCRA no haya consumo de alcohol, drogas y hasta portación de armas de fuego.

Esa versión fue desmentida por el secretario general de UPSAP, Julio Gutiérrez, quien, en declaraciones formuladas al portal digital Ahora Calafafe, manifestó: “no hay ninguna denuncia ni trámite administrativo que demuestre que esto pasó. Es una vergüenza y una aberración y de ninguna manera se pueden tirar acusaciones tan livianamente en contra de los trabajadores”.

A la vez, advirtió que a la medida de fuerza de los vigiladores que se quedaron sin empleo, se sumarían la UOCRA y el gremio de Camioneros. Incluso adelantó que UPSAP denunciará al gobierno y la empresa constructora por discriminación hacia los trabajadores.

EL GOBIERNO ESTARIA AVALANDO A LA UTE

Otro de los medios periodísticos que se hizo eco de este conflicto fue el diario digital Nuevo Día de Río Gallegos. Informó que antes de celebrarse la audiencia de conciliación “desde el Gobierno de la provincia advirtieron que la empresa de seguridad perdió la posibilidad de renovar contrato en las represas por diferentes irregularidades”.

Señala que las fuentes consultadas indicaron que los representantes de Represas Patagonia, “Roberto Lo Preiato (gerente administración), Mariano Muso (a cargo de la UTE) y el representante de Gesouba en Argentina (Shi Xiaimin), fueron tajantes al determinar que no quieren contar con los servicios de la empresa”.

“Esta decisión tiene fundamentos en el accionar de Fortaleza y la falta de cumplimiento de las condiciones fijadas previamente. Entre los motivos alegaron que la empresa no cumple con los más mínimos requisitos de prestadora seguridad”, añade el despacho periodístico.

Asimismo, las fuentes del gobierno alegaron que “Fortaleza no contaba con contrato de estabilidad, se lo renovaban mes a mes producto de la presión que ejercía y además permanentemente subían los precios a la UTE y no lo trasladaban al sueldo del personal”.

“En cuanto a la presencia de agentes de la policía santacruceña en el lugar hay que dejar en claro que esto responde al pedido de la UTE de firmar un contrato adicional con la Policía como hace cualquier operadora petrolera en el país. Este servicio adicional solicitado a las fuerzas responde a un uso habitual teniendo en cuenta la ubicación geopolítica estratégica de las represas”, se indicó.

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