Ya son 16 los detenidos

La agitada jornada del viernes en la causa de (las fotocopias de) los cuadernos Gloria con historias de sobornos en la obra pública, terminó en un fuerte rumor de algo que ya se veía venir: un posible nuevo arrepentido. Primero fue Oscar Centeno, el chofer del ministerio de Planificación, que se reconoció como autor de los cuadernos, cuyos originales no están, y hasta se habrían quemado. Ahora sería uno de los empresarios detenidos, Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán, quien ofreció aportar datos a la causa a cambio de mejorar su situación procesal y aspirar a una pena atenuada.

Centeno volvió a declarar y quedó finalmente en libertad al caer la noche. Ahora estará dentro de un programa de testigos e imputados protegidos. Al resto de los detenidos, tanto exfuncionarios como empresarios, el juez Claudio Bonadio les rechazó la excarcelación.

De acuerdo al análisis de Página 12, el hecho de que mantenga presos a los empresarios es un potente elemento de presión, ya que la ley contempla la posibilidad de que se conviertan en arrepentidos y acusen a otras personas, lo que parece uno de los principales efectos buscados en esta causa, en pos de lograr una especie de “Lava Jato” argentino. A Goycochea en las fotocopias se le atribuye el pago de más de 11 millones de dólares a distintos ex funcionarios de Planificación. Las defensas ya comenzaron a hacer planteos de nulidad y recusación del juez.

De Goycochea fue noticia cuando se entregó el viernes a la mañana después de haber estado esquiando. También se presentó, Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables. Ya son 16 los detenidos.

Con el correr de las horas se conoció la postura del juez en relación a los pedidos de excarcelación: fueron todos rechazados, excepto el del arrepentido Centeno. A los exfuncionarios les aplicó la teoría de los vínculos residuales que acuñó la Cámara Federal, para referirse a quienes ocuparon lugares de poder –aunque ya no estén allí– son sospechosos de conservar alguna vinculación que facilite el entorpecimiento de la investigación o la fuga. Señaló que podrían frustrar medidas pendientes en marcha y que aún no todos los imputados están detenidos. En algunos casos señalan que dieron indicios de entorpecimiento y que tiene medios en el exterior.

Para los empresarios se usó un razonamiento similar, haciendo eje en su disposición de medios económicos. Lo que muchos de los defensores señalan es que por ahora no han visto más “prueba” que las fotocopias de los cuadernos, listas de chapas de automóviles, direcciones donde se supone Centeno llevó y trajo funcionarios desde 2008 hasta 2015, y algunos registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos que podrían coincidir con las anotaciones.

Por ahora no hay nada sobre dónde estuvo o fue a parar el dinero. La aparición de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del Ministerio de Economía con el que el Poder Ejecutivo intenta hacer pie en el expediente, con datos de aparentes propiedades y cuentas en el exterior que tuvo Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, mencionado en la causa. Para hacer cartón lleno ofreció sus servicios la Oficina Anticorrupción.

El chofer de Baratta, el primer detenido en toda esta historia por los ocho cuadernos que llegaron a manos del periodista de La Nación Diego Cabot y el testimonio de su expareja, Hilda Horovitz, declaró el viernes por segunda vez porque Bonadio quería pedirle algunas precisiones. Después de esa audiencia, el juez homologó el acuerdo para que sea arrepentido y entre a un programa de protección del Ministerio de Justicia, que incluye darle una nueva vivienda, nueva identidad y medios para él y su familia, lo que implica cierta complejidad teniendo en cuenta que tiene 13 hijos.

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