El equipo legal de la Procuración del Tesoro apelará ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos con el objetivo de frenar la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en 2023, que favoreció a los fondos Burford Capital y Eton Park.
La audiencia comenzará al mediodía y los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson escucharán los argumentos de las tres partes: primero hablará el equipo de defensa del Estado argentino, luego los representantes de los fondos demandantes, y por último, los abogados de la propia YPF.
El corazón de la apelación argentina
Los argumentos de la apelación se centran en cuestionar la jurisdicción y la interpretación legal del fallo original. Entre los puntos principales se destacan:
Inmunidad soberana: Argentina sostiene que la sentencia viola principios internacionales, ya que la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) protege los activos de los Estados fuera del territorio estadounidense frente a cualquier tipo de embargo.
Error en la aplicación del derecho de Nueva York: La defensa argumenta que se aplicó incorrectamente una norma local (la “turnover statute”) que no fue diseñada para forzar a un Estado soberano a mover activos fuera de su territorio.
Limitaciones legales argentinas: Se remarca que cualquier cesión de acciones de YPF requeriría una ley del Congreso argentino, tal como lo estipula la legislación desde la estatización de la empresa en 2012.
Principios internacionales vulnerados: También se denuncia la violación del principio de “comity” (cortesía entre Estados) y de la “doctrina del acto de Estado”, que impiden a un país juzgar decisiones soberanas tomadas por otro.
¿Qué está en juego?
La apelación es clave para evitar que se ejecute la millonaria sentencia que pone en jaque no solo las arcas públicas, sino también el futuro accionar diplomático y comercial de Argentina en los mercados internacionales. Además, el fallo de Preska establecía que parte del pago se hiciera con acciones de la propia YPF, lo que podría modificar su composición accionaria.
Mientras tanto, el gobierno argentino confía en que la Corte escuche los planteos y frene un precedente que, según sostienen desde la Procuración, pone en riesgo la soberanía financiera de cualquier Estado frente al accionar especulativo de los fondos buitre.