Amplían la investigación por administración fraudulenta en la Municipalidad de Sarmiento

Estela Rúa, quien se desempeña como empleada municipal, será investigada como presunta partícipe necesaria en la defraudación que sufrió la comuna sarmientina por una licitación para construir una escuela de artes y oficios. Ya se encuentran imputados el exintendente Sebastián Balochi y varios exfuncionarios.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez penal de Sarmiento, Jorge Novarino, formalizó una investigación preparatoria de juicio contra Estela Beatriz Rúa (44), empleada municipal, como partícipe necesaria en la maniobra de defraudación que tuvo como víctima a la Municipalidad de Sarmiento.

En esta misma causa, están imputados el exintendente Sebastián Balochi y los exfuncionarios municipales Rubén Camarda, Graciela Núñez, Daniel Miguenz y el ingeniero Carlos Almeida. La denuncia fue realizada por la actual administración municipal a raíz de la licitación para la construcción de la obra para una escuela de artes y oficios. En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrolló ayer una audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El Ministerio Publico Fiscal estuvo representado por la fiscal Laura Castagno. También participo la abogada Fabiana Uribe, en representación de la Municipalidad de Sarmiento.

Los abogados de la Defensa Publica Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano son los asesores legales de los imputados Balochi, Camarda y Graciela Núñez. Mientras, la nueva imputada en la causa recibió el asesoramiento de la abogada Karina Aizpitiarte.

En la oportunidad Castagno relato los hechos registrados en la pieza de formalización de la investigación. Luego identificó a los imputados y a la parte damnificada. También explicó la calificación legal escogida y requirió mantener el plazo de investigación otorgado en la primera audiencia de esta causa.

Sobre la calificación legal la parte acusadora propuso que se investigue a Estela Rúa como partícipe necesaria en la maniobra de defraudación. También solicitó que se le imponga la obligación de presentarse en las oficinas del área de criminalística con la finalidad de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

Los tres abogados defensores coincidieron en no realizar manifestaciones en esta etapa del proceso.

Finalmente, Novarino hizo lugar al pedido del Ministerio Publico Fiscal, teniendo por formalizada la investigación preparatoria de juicio respecto de Estela Rúa por el delito preliminarmente calificado como administración fraudulenta agravada, por haber sido cometido contra la administración pública, en carácter de partícipe necesaria. En este contexto, indicó que el plazo de investigación establecido, es el que fue fijado en la primera audiencia.

Asimismo, el juez dispuso convocar a una nueva audiencia para tratar el pedido de ampliación de la investigación contra otra persona denunciada en la causa.

EL CASO

La pieza de apertura de investigación presentada por el representante del Ministerio Público Fiscal indica que el 2 de junio de 2015, mediante resolución N° 526/15, el exintendente municipal decidió instrumentar un proceso licitatorio para la construcción de la obra Escuela de Artes y Oficios.

La fecha tope para la recepción de ofertas, fue establecida para el 3 de julio de ese año. En tanto, la apertura de sobres se programó para tres días después.

Asimismo, se publicaron avisos para informar que el presupuesto de la obra sería de 8.352.136 pesos. Ante la falta de oferentes, el Gobierno municipal resolvió prorrogar dichos plazos. Así las cosas, el 7 de agosto de 2015 se efectuó la apertura de sobres, con dictamen legal y de la comisión de pre adjudicación.

En este marco, la construcción de la obra se adjudicó a la empresa “Ledesma”. En ese sentido, los investigadores señalaron que en esta ocasión el presupuesto fue por un monto de 10.406.079 pesos, es decir un 24,59% por encima del presupuesto inicial. Asimismo, la investigación sostiene que el 26 de noviembre de 2015 se adjudicó la obra y el 2 de diciembre, se celebró el contrato de construcción de escuela de artes y oficios entre el entonces intendente Balochi y el representante de la empresa constructora “Ledesma y Cía. S.R.L”. Al día siguiente, la empresa constructora solicitó un “anticipo financiero en contrato”. La parte investigadora afirma que la compañía realizó ese pedido sin intervención de la Dirección de Rentas de Chubut y sin dar razones del apartamiento del pliego de bases y condiciones.

Mientras, el 4 de diciembre Rubén Alberto Camarda (a cargo de la Intendencia) con la participación de Graciela Nuñez (a cargo de la Secretaría de Coordinación de Gabinete) resolvieron pagar el anticipo solicitado por la empresa Ledesma. El monto requerido fue de 2.081,216 pesos. En este contexto, Castagno consideró que el procedimiento resultó ser violatorio de las normativas existentes en la materia. El proceso establece que el Concejo Deliberante debe efectuar la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12 mediante la cual se determina el Sistema de Compras y Contrataciones.

Otra de las documentaciones incorporadas a la pieza enunciativa, fue un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut. El organismo de control comunicó que se adjudicó la obra a la Empresa Ledesma , en un 24,59%, por encima del presupuesto inicial, sin precisar el mes base con el cual se calculó el precio.

También sostiene que los planos de obra, de planta, cortes, y cálculo de estructura deberían tener aprobación municipal. El ente controlador agrega que no surgen de los planos aportados de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica y gas la firma de un profesional habilitado.

A la vez, el Tribunal de Cuentas afirmó que no existen constancias de partidas presupuestarias a la que se pretende afectar, ni saldos para la ejecución de la obra.

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