El oficialismo consiguió "superpoderes" y se votó el presupuesto 2017

Una ardua sesión en la legislatura que terminó pasadas las 23 horas de ayer dio paso a temas trascendentes para la provincia como la votación del Ejercicio 2017 que fue aprobado aunque con cuestionamientos por parte de legisladores del Frente Para la Victoria.

Ayer la Legislatura protagonizó una ardua y prolongada Sesión Ordinaria que culminó con la votación del Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2017. En líneas generales fue aprobado aunque con planteos importantes de la oposición del PJ-FPV, que tratándose de la mayoría no pudo imponer la intención de modificar para acotar los denominados "superpoderes" al Poder Ejecutivo.

A su favor lograron imponer que se destine el dinero a obras y no a Letras del Tesoro el remanente (32 millones de dólares) del bono de 1.200 millones de pesos.

En tanto el Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2017 quedó fijado en un monto global de 40.104.361.959 pesos.

En la suma de 3.721.904.662 pesos el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras y se estima en la suma de 30.838.847.863 pesos el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones referidas en el articulado del proyecto.

Cabe señalar que la limitación a los "superpoderes" apuntaba, en el objetivo de la mayoría opositora, a imposibilitar que el monto económico destinado a obras pudiera ser utilizado en otros fines, obligando entonces al Poder Ejecutivo Provincial a solicitar autorización parlamentaria en cada propósito de cambiar dicho destino financiero.

Desde el oficialismo, representado en el bloque "Chubut Somos Todos" , presidido por el diputado Jerónimo García, se sostuvieron divergencias con el bloque mayoritario del PJ-FPV que preside el legislador Javier Touriñan, dado que procuraban aprobar el proyecto como lo envió el Ejecutivo.

Tras votarse el dictamen mayoritario de la oposición retornando a Comisión el proyecto en cuestión, y el planteo del oficialismo de poner a consideración el dictamen minoritario que mereció reproches reglamentarios del diputado Touriñán, propuso apartarse del reglamento y posibilitar el tratamiento para avanzar en el debate respecto del Presupuesto General para el año 2017.

En la votación en particular de los controvertidos artículos 13 que facultaba los "superpoderes" y 18, relativo destino a obras del remanente del bono hubo significativas votaciones al aprobarse la primera cuestión con votos afirmativos de los legisladores "mackartystas" Leandro Espinosa, Javier Cunha y Florencia Papaiani, además de Alfredo Di Filippo y Sergio Brùscoli, del FPV, que se sumaron a los votos por el proyecto del Poder Ejecuitivo, mientras que se mantuvo en postura de rechazo la diputada Jacqueline Caminoa (UCR-Cambiemos).

En cambio, al votarse el artículo 18, la oposición respaldó mayoritariamente la fundamentación de la diputada Alejandra Marcilla (PJ-FPV) que se mantenga el destino de fondos para obras y fustigó duramente al Poder Ejecutivo el legislador Blas Meza Evans que coincidió con postura negativa de la diputada Caminoa acerca de "usos y costumbres "para violar la Constitución.

Evidentemente, esta decisión contraria al espíritu gubernamental motivó disgustos en funcionarios del PEP que asistían a la sesión, entre ellos los ministros Gilardino y Oca.

ARENAS SILICEAS Y ACUERDO CON MAGISTRADOS

Además en la sesión legislativa no se sancionaron los respectivos proyectos de ley inherentes a declarar de "utilidad pública" al recurso natural de arenas silíceas de esta zona valletana con destino a extracción de shale gas en Vaca Muerta (Neuquén) por YPF, al postular el diputado Touriñan el retorno a Comisión para proseguir su análisis, que motivó reproches del legislador oficialista Jerónimo García que aludió a la visita del ministro Bohe para consensuar dicho proyecto y promover el desarrollo regional con resguardo ambiental.

En cuanto, a la iniciativa propiciando acuerdo económico con magistrados para no gravitar en cuentas públicas por demandas contra el Estado, ello movilizó a la Legislatura al gremio del SITRAJUCH y empleados judiciales que bregaron por derechos adquiridos sobre porcentualidad, descreyendo entonces de propiciar este acuerdo con magistrados con dictamen de Fiscalìa de Estado.

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