Entre los denunciados figuran Marcelo Mamoliti, exsubsecretario de Servicios Públicos, y Mauro Ariel Palma Larreburu, exjefe de la Delegación Noroeste, además de otros nombres que aún no han sido revelados. Según la presentación, los acusados habrían participado en contrataciones privadas irregulares vinculadas al sector eléctrico mientras ocupaban cargos en el Estado.
Principales acusaciones
La denuncia señala diversas irregularidades, entre ellas:
Facilitación de contratos con empresas energéticas en las que los implicados tenían intereses personales.
Uso indebido de materiales estatales, como postes de alumbrado público, en beneficio privado. Algunas de estas operaciones se habrían realizado sin convenios formales con la provincia.
Presión sobre intendentes locales para favorecer contrataciones específicas.
Además, se menciona la posibilidad de que uno de los exfuncionarios continúe ocupando su cargo de manera irregular, lo que podría estar vinculado a la ocultación de pruebas.
Período investigado y documentación presentada
El escrito detalla que los hechos denunciados habrían ocurrido desde el año 2015 y solicita la apertura de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. Como respaldo, se presentó una serie de documentos, incluidos contratos, decretos y resoluciones de renuncia, que podrían aportar pruebas sobre las presuntas irregularidades.
Ahora será tarea de la justicia evaluar las pruebas, determinar si se cometieron delitos y definir las medidas correspondientes. Este caso pone en la mira la transparencia en la gestión de los recursos públicos y abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en la administración estatal.