Los jueces de Sarmiento, Daniel Pérez y Alejandro Rosales, darán a conocer hoy a las 8 si finalmente hacen lugar a la libertad que fuera requerida por el abogado adjunto de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun, quien asiste a un hombre que fue condenado por abuso sexual simple y agravado por ser cometido por un ascendiente.
En representación de la Fiscalía actuó el funcionario, Ezequiel Castro Albornoz, quien pidió que se mantenga la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
La audiencia para solicitar el cese de la prisión preventiva que viene cumpliendo el sujeto de 36 años, se llevó a cabo mediante videoconferencia porque el condenado está detenido en la Comisaría de Diadema.
El detenido fue condenado el 22 de marzo como autor del delito de abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, de menor de 13 años, en grado de tentativa, agravado por ser cometido por un ascendiente.
El tribunal que lo condenó fue integrado por los jueces Roberto Casal, Jorge Criado y Ricardo Rolon, quienes le impusieron la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.
En tanto que el 25 de julio la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia –integrada por los jueces Guillermo Müller, Martín Montenovo y Luis Pintos—hizo lugar parcialmente a la impugnación deducida por la defensa del acusado, readecuó la calificación legal y la dejó como abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por un ascendiente fijándose el monto de la pena en tres años de prisión.
REVISION
La audiencia de revisión fue realizada por el tribunal integrado por Daniel Pérez y Alejandro Rosales. En la oportunidad, la defensa señaló que su asistido está detenido desde el 4 de agosto de 2016 por un delito contra la integridad sexual, por lo que mañana cumplirá un año en esa condición.
Para Oyarzún la situación del imputado cambió radicalmente desde el momento de la detención, por lo que pidió el cese de la privación de la libertad, en función de que están dadas las condiciones de imponer medidas menos gravosas que el encarcelamiento, por lo que requirió la libertad en orden a lo establecido por el artículo 226 inciso 2, del Código Procesal Penal.
En cuanto al domicilio que debe fijar se ofreció la vivienda que alquila un familiar de la víctima. A ello se presentó un informe social positivo. En ese documento destacan que la integrante del grupo familiar manifestó su interés en que el condenado se aloje en su vivienda.
Por su parte el acusador público se opuso al planteo efectuado por la defensa y solicitó que no se haga lugar a ningún tipo de libertad o aplicación de medidas sustitutivas, considerando una presentación apresurada del abogado defensor. Al respecto, dijo que el pedido de libertad ya había sido solicitado cuando se conoció el veredicto de la Cámara Penal.
En este sentido agregó que las actuaciones fueron elevadas al Superior Tribunal de Justicia y el tema todavía no fue resuelto.
Tras escuchar a las partes el tribunal pasó a un cuarto intermedio para deliberar y convocó a las partes para hoy a las 8.