La Cámara de Comercio manifestó su preocupación por el nuevo impuesto a la generación de empleo

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia acompañó el pedido de la Federación Empresaria de Chubut (FECh) en el reclamo por la creación del Registro de Empleo, impulsado por el diputado provincial saliente José Grazzini. Esta ley reglamenta que de manera obligatoria las empresas deberán aportar el 5% de la masa salarial por cada trabajador. Además establece que quienes contraten a ciudadanos nacidos o con residencia de cinco años en Chubut, seguirán aportando el 8 por mil a la Secretaría de Trabajo. Pero las que contraten personal de otra provincia, deberán aportar el doble, es decir, 16 por mil, por ese empleado.

Desde la Cámara de Comercio se expresó la preocupación de sumar un nuevo impuesto. Al respecto, su presidente Guillermo Ceriani manifestó: “se atenta contra el libre empleo en el país, y teniendo en cuenta el difícil momento económico que atraviesa nuestro sector, sería de gran impacto en el desarrollo de la actividad, es un nuevo impuesto que se carga sobre el comercio”.

En ese sentido, se apoyarán las medidas legales en caso de ser necesario, que se tomen al respecto. Además, se lamenta que estas medidas sean tomadas sin antes consultar con los sectores comprometidos.

Asimismo, Ceriani aclaró que se deben buscar otras alternativas que traten de incrementar el trabajo en la zona, que se haga gestión en el orden nacional para bajar impuestos por ejemplo.

En este contexto, se suma la incertidumbre en relación a la deuda del Estado Provincial con sus proveedores mediante la emisión de Títulos de Cancelación de la Deuda Provincial (TICADEP). Habiendo transitado más de un año y medio, de los $2.883 millones de deuda certificada, se emitieron títulos para cancelar $750 millones que fueron dirigidos a sólo 5 empresas. Con este mismo monto, la Provincia podría haber solucionado el problema de deuda con 614 Pymes, es decir, el 95% de los proveedores.

Ante consultas de la FECh, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo provincial han logrado en explicar el criterio ni los procedimientos aplicados para la liberación de los títulos. De esta manera, esa irresolución dificulta cada vez más trazar un plan para continuar con el reclamo de cobro de por la vía administrativa.

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