Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal resolvió no reabrir el expediente iniciado en 2017, cuando se denunció que la Gendarmería había monitoreado a Sergio Maldonado —hermano de Santiago— y a militantes y organizaciones que acompañaron la búsqueda del joven desaparecido tras una represión en Cushamen.
Cané, que pasó de ser secretario letrado de la Corte a ocupar un cargo de confianza con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, y Méndez, entonces jefe de un escuadrón de Gendarmería, habían sido investigados por presuntas tareas de inteligencia prohibida.
En su momento, el juez federal Daniel Rafecas archivó la denuncia tras concluir que no existían pruebas que demostraran maniobras ilegales. La Cámara Federal porteña —con la disidencia del camarista Roberto Boico— avaló ese criterio, y luego lo hizo la Cámara de Casación, con votos de Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
Ahora, a casi dos años de esa definición, la Corte Suprema cerró definitivamente el caso, impidiendo cualquier reapertura.
El fallo aparece en un contexto político sensible: el mes pasado, antes de las elecciones legislativas, el máximo tribunal ya había dejado firme otro sobreseimiento vinculado a un operativo de Gendarmería en Vaca Muerta en 2017, interpretado como un nuevo gesto hacia la gestión de la ministra Bullrich.