Chubut fue la primera provincia argentina donde se celebraron juicios por jurado. Fue hace casi 150 años, cuando los colonos galeses llegaron a estas tierras, fundaron Rawson y Gaiman, y dieron vida institucional a un territorio que aún no era tenido en cuenta en materia judicial por el Estado nacional.
Dicta la historia que fueron los mismos colonos quienes constituyeron su propio gobierno, eligiendo una comisión de doce miembros que serían renovados en forma anual, y cuyo presidente sería considerado el gobernador de la colonia.
También asegura que fueron ellos quienes consideraron la necesidad de tener un tribunal de Justicia y un Tribunal de Arbitraje, herencia de la tradición judicial anglosajona, con la elección de un juez y un jurado que en el primer caso era integrado por doce personas, y en el segundo por cinco, ya que sólo se utilizaba para pequeños litigios que se daban dentro de la vida social.
Aún hoy en el Museo Regional de Gaiman se conserva el libro de actas de ese tribunal que funcionó entre 1873 y 1879. El mismo está escrito en lengua galesa y registra los nombres de los jueces y miembros del jurado intervinientes, los veredictos por unanimidad o mayoría, y también los nombres de los demandantes y demandados, entre ellos colonos, sus descendientes, habitantes originarios y miembros de tripulaciones nacionales y extranjeras que llegaban a la zona.
Los casos estaban vinculados a homicidios, abusos de confianza y falsificación de documentos, entre otros y según esa Ley de administración de justicia sancionada el 18 de octubre de 1873, se necesitaba que dos tercios del jurado estén de acuerdo para que haya sentencia.
De esa forma, los galeses le dieron vida institucional a la provincia. Pero todo cambiaría con la sanción de La ley nacional N° 954 (1878) que creó la Gobernación de la Patagonia con asiento en lo que hoy es Viedma, y más tarde la sanción de la ley N° 1532 que creó el Territorio Nacional del Chubut (1884) y permitió a los pobladores elegir sus primeras autoridades municipales.
Es que esto permitió que se consolidaran las instituciones y la administración nacional, dando paso también a la aplicación del Código de Procedimientos en lo Criminal que regia en el país.