"La compañía se encuentra analizando la medida del Juzgado y responderá dentro de los plazos previstos con la finalidad de lograr que la actividad que desarrolla en esa área no se vea afectada", indica la operadora en un comunicado.
YPF argumenta que a diferencia de lo que plantea la demanda, el proyecto no daña la salud de ningún habitante del sector y que de manera complementaria a su actividad en el lugar, la empresa construye un proyecto urbanístico para la recreación de sus residentes, incluido un circuito aeróbico.
"El proyecto en Bella Vista Sur fue pensado con una visión sustentable e innovadora, que brindará a los vecinos un espacio único y sin precedentes en la zona. YPF cumple con todas las normas de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente con las que rige también las actividades que desarrollan los más de 5.000 trabajadores petroleros en los yacimientos de la provincia", manifiesta.
El comunicado de la compañía además sostiene que ese desarrollo productivo y urbanístico cambiará sustancialmente la imagen de un barrio en permanente crecimiento "y reunirá a los vecinos en un ambiente integrador en torno a un paseo peatonal, completamente iluminado, y con juegos aeróbicos. Para su diseño y posterior elaboración, YPF tuvo en cuenta las necesidades e inquietudes de todos los actores involucrados, para lo cual mantuvo reuniones informativas con los vecinos y las autoridades municipales y provinciales".
A la vez, la compañía plantea que la convivencia de la industria petrolera y el crecimiento urbanístico forma parte de la historia de Comodoro Rivadavia. "La zona de Bella Vista Sur tiene actividad petrolera hace más de 50 años y este proyecto apuesta a mantener esta relación entre una ciudad que crece en torno a la actividad hidrocarburífera", subraya.
Esta la tercera vez en menos de un año que se solicitan medidas que buscan paralizar la actividad de YPF en Chubut. La primera se interpuso sobre el pozo La Greta y aún se encuentra sin resolución judicial; la segunda, en el pozo El Trébol 914, en donde la Cámara de Apelaciones, haciendo lugar a la defensa interpuesta por la Provincia, se expidió revocando la decisión de la juez de primera instancia, por considerar que la misma carecía de sustento jurídico.
"De prosperar esta decisión, se pondría en serio riesgo la continuidad de la actividad en el yacimiento Zona Central-Cañadón Perdido, con una inversión prevista de 400 millones de pesos, más de 300 empleos directos e indirectos y el ingreso para la provincia de más de 1.500 millones de pesos en concepto de regalías e impuestos", advierte esa compañía.