El juez Enrique Lavié Pico aceptó la presentación del medio millar de jefes comunales bonaerenses, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la medida impulsada por el gobierno para desregular la economía. "Es una amenaza sobre el sistema democrático", había advertido Fernando Espinoza.
La inicativa anunciada por Milei el 20 de diciembre implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.