El presidente Mauricio Macri mandó a cerrar la investigación interna sobre la maniobra con la que intentó condonarle la deuda del Correo Argentino a su familia por más de 70 millones de pesos. El decreto fue firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que inauguró su rol para intervenir en los temas relacionados con la empresa, luego de que el Presidente se excusara para evitar “posibles conflictos de intereses” ya que su familia mantiene participación societaria en empresas controlantes.
Puntualmente, el decreto cierra la investigación administrativa impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Luego de conocerse el acuerdo con el Grupo Macri para cancelar la deuda, que en la práctica significaba una condonación encubierta, en febrero de 2017, Rodríguez pidió iniciar un sumario para investigar el rol de los abogados del Estado que encabezaron dicha negociación.
La PIA puede denunciar y pedir medidas ante la Procuración del Tesoro y también puede accionar en la justicia penal y el fuero federal. En ambos ámbitos entregó un informe que señalaba sospechas de que hubo funcionarios del Poder Ejecutivo que negociaban el acuerdo con el Correo Argentino fuera de tribunales, lo que habría quedado asentado en los registros de una sucesión de reuniones que se hicieron en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos.
Incluso existe una nota en la que Juan Mocoroa, que era director de Asuntos Jurídicos, le anticipaba al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, la oferta que haría el Correo y pedía instrucciones. Ese material fue entregado en el marco de la causa penal en manos del juez federal Ariel Lijo.
En junio pasado, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías -un hombre puesto por Macri luego de que saltara el escándalo- resolvió dar por terminado el sumario donde se investigaba la posible responsabilidad administrativa. Pero Rodríguez apeló la mediada a través de un “recurso jerárquico” en el que advertía que no se hizo una investigación completa de los hechos.
El decreto firmado por Michetti que fue publicado ayer en el Boletín Oficial rechaza este último recurso y por ende le pone un punto final a la investigación interna. “Hágase saber al recurrente, que con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa”, establece el texto.
A PLENA LUZ DEL DIA
El presidente Macri había echado en mayo del año pasado al anterior procurador del Tesoro, Carlos Balbín, luego de que éste abriera un sumario por el escándalo de la condonación de los intereses de la deuda que la empresa Correo Argentino SA –del grupo Macri- mantenía con el Estado.
El portal Nuestras Voces reveló la auditoría sobre la que Balbín basó su crítico escrito sumarial, detallando las estrategias dilatorias del Grupo Macri para no afrontar una deuda que tenía por entonces 16 años. Además, destacó la desidia del Estado –que no pidió nunca la quiebra de la empresa- y el aval que le concedió la Justicia, que no intervino para resolver la situación.
La auditoría fue realizada por el abogado Guillermo García, un empleado de planta del Tesoro. En su escrito, García advertía que “paradójicamente” el concurso impulsado por el Correo cuando estaba en manos del Grupo Macri, todavía se encuentra en el “período de exclusividad”. Dicho período, por ley, dura 90 días con la posibilidad de extenderlo 30 días más. Sin embargo, el concurso del beneficiado holding de la familia presidencial, lleva 17 años.
García también criticó el accionar de los funcionarios del Estado, quienes no “efectuaron cuestionamientos” frente al insistente entorpecimiento del proceso que impulsaba el Grupo Macri a través de “peticiones de todo tipo, varias de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por el Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado”.
Luego, el auditor calificó de “evidente” que el paso del tiempo generó una “degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado”, cuyo monto ascendía en 2001 a casi 300 millones de pesos, pero si se computaran los intereses que demandó la fiscal Gabriela Boquín, la deuda sería de más de 70 mil millones de pesos. El actual gobierno y el Grupo Macri consideraban que no deberían computarse.