El hurto de vacunas del Hospital Regional dejó al descubierto una serie de falencias y de precariedades en el centro asistencial. La falta de control y de herramientas, junto a la delegación de tareas por parte de los jefes de áreas, fueron un combo determinante para tardar en conocer el robo de vacunas que se hizo para destinar al sindicato de Camioneros.
En el fallo de la jueza federal Eva Parcio se puede establecer el porqué de la demora en denunciar el hurto de las 30 dosis de Sputnik V. En la causa se determinó que el jefe de la División de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes del Área Programática Sur, Jorge Benítez, delegó la responsabilidad de control y trazabilidad de las vacunas en Daniela Cocha, coordinadora de la Cámara de Vacunas del Hospital Regional.
Benítez nunca controló las tareas de Cocha sabiendo que la enfermera tenía gran cantidad de tareas a su cargo, como la confección de diversos registros de la campaña de vacunación; resguardo y custodia bajo las condiciones técnicas sanitarias de la Sputnik V; proveer la cantidad de dosis necesarias al vacunatorio y la aplicación de las vacunas a las personas.
FALTA DE PREVISION
Esto llevó a que no se contará con un plan previo de acción y de registro de la llegada de las vacunas, a tal punto que los investigadores se encontraron con un sistema muy precario: meras anotaciones que se habían realizado por personas ocasionales. Recién cuando se conoció el robo de las vacunas se implementó un registro acorde a la tarea desplegada.
Era tal la falta de controles en el centro asistencial que una de las trabajadoras del Area Programática Sur confesó que “desconocía que Benítez estaba a cargo de la Cámara (de vacunación). Él me contactó para pedirme el drive, pero cuando volvió de vacaciones antes de que yo me fuera… no recuerdo bien pero habrá sido una semana antes. Yo con él no tenía contacto; me manejaba con Cocha”.
Las vacunas eran trasladadas diariamente desde la Cámara de Vacunación al consultorio de rehabilitación y al consultorio N° 10 del Hospital Regional, que era el lugar que contaba con freezer acondicionados donde quedaban vacunas sin aplicar de un día para el otro. Estos movimientos los conocían unos pocos.
Según la resolución de la jueza Parcio -que terminó con el procesamiento de 24 personas, entre ellas el titular del sindicato de Camioneros y exdiputado nacional Jorge Taboada-, las irregularidades en el plan de vacunación generaron que no se pudiera detectar a tiempo el robo de las 30 dosis.
“No existía alguna disposición en cuanto a su elaboración y conformación, procediendo a confeccionarse de manera rústica y rudimentaria por las personas que circunstancialmente participación en el Plan Nacional de Vacunación, lo que conllevó a la desorganización que me vengo refiriendo y que también se produjo en la desprolijidad de los registros e incluso se observaron tachaduras y correcciones en los mismos a mano alzada, sin certificación alguna”, sostiene el escrito.
PRECARIEDAD DE PAPEL
La investigación expuso que la “turnera” se confeccionaba con listados impresos con los nombres que debían ser inmunizados en un determinado día. En estos registros había “tachaduras y agregados de asistentes que originariamente no estaban en los listados”.
Esto ocurría con la autorización de Cocha, resultando incomprobable si esas personas pertenecían al sistema de Salud, o si les correspondía el turno antes que a otros.
Además, en la designación de turnos se utilizaba un Drive que en ocasiones era manipulado. “A veces llegaba a mi lugar de trabajo y me encontraba con que los turnos habían sido modificados, o habían agregado a otras personas. A veces hasta salían al pasillo a buscar personal de salud para vacunar y no perder la dosis”, detalló una trabajadora de la Salud.
El uso del Drive generó diversas complicaciones. Es que los encargados de inmunizar se encontraban con personas anotadas que no eran empleados de Salud.
Otra de las irregularidades detectadas fue el desorden en la Cámara de Vacunas, lo que también restó tiempo para denunciar el robo de las vacunas.
En la denuncia que realizó la titular del Area Programática Sur, Miryám Monasterolo, explica que Benítez volvió de su licencia el 28 de enero y que un día después Cocha le informa sobre el robo de las dosis.
La información llega a manos de Monasterolo el 1 de febrero porque Cocha habría tratado de corroborar todos los datos de acuerdo a vacunas recibidas y entregadas, siendo que de la desaparición se tuvo conocimiento a primeras horas del 27 de enero.
Un dato para destacar es que las planillas de Excel de los días 26 y 27 de enero desaparecieron, lo que deja en evidencia el marco desprolijo en el que se desarrollaron las tareas de vacunación hasta que se conoció la existencia del vacunatorio VIP en el sindicato de Camioneros.
LA SEGURIDAD
Otro de los puntos débiles de la investigación es la seguridad. Las cámaras del centro asistencial poseen un sistema muy antiguo, lo que no permitió contar con las grabaciones del robo de las dosis. Además, el personal de Seguridad no fue alertado de que dejarían vacunas en el consultorio N°10 para extremar las medidas de cuidados, tal como sucede cuando se deja algo importante en ese sector. Los cuidadores se enteraron del hurto por “rumores” en el centro asistencial.
“Me enteré del robo de las vacunas porque bajó el abogado del Hospital con la policía de investigación para ver las cámaras y yo estaba de guardia en ese sector. Ahí me entero y pregunté qué día para buscar el video. El abogado me dijo el 26 y yo le dije ‘no, ya no está porque dura solo cuatro días’. Las cámaras no son de la empresa MV; son del Hospital; la capacidad de grabación es de cuatro días; ya estábamos a 8 de febrero, así que no iba a haber registro del robo”.
Esas fueron las palabras textuales de un guardia del centro asistencial. No había registro de las cámaras y las vacunas ya iban camino a otro lugar que no era el centro de vacunación.