Procesamientos y embargos de hasta $2 millones por el robo de vacunas

La jueza federal Eva Parcio dictó este viernes procesamientos y embargos en la causa que investiga por el hurto de vacunas en el Hospital Regional. Entre los procesados figuran el secretario general de Camioneros, Jorge Taboada, junto a otros 18 integrantes de ese gremio y de la obra social sindical como presuntos encubridores. La magistrada les dictó embargos por hasta 1,3 millón de pesos a los investigados. También procesó a la enfermera Analía Muñoz por malversación dolosa de caudales públicos y le trabó embargo por 2 millones de pesos.

La jueza federal Eva Parcio procesó este viernes a 24 personas con distintas figuras por presunta malversación de caudales públicos, encubrimiento, instigación e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco del caso por el hurto de vacunas contra el COVID-19 desde el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Según pudo averiguar El Patagónico, la jueza trabó embargos que van desde los 100 mil pesos a 2 millones de pesos a distintos sospechosos del delito.

La malversación de caudales públicos es aquel delito por el cual un funcionario o servidor público le da a bienes que administra una aplicación distinta a la establecida, afectando así el servicio o la función para el que estaban destinados, en este caso las vacunas contra el COVID-19.

De las 21 personas identificadas por el Ministerio Público Fiscal provincial y la Brigada Policial de Investigaciones que habían recibido la aplicación de la vacuna en Camioneros, 19 fueron procesadas por presunto encubrimiento de malversación de bienes del Estado. Entre ellos el secretario general Jorge Taboada y el secretario adjunto Elías Guzmán.

Se dictó falta de mérito para Susana Campos. En tanto, a Marcos Paura, otro integrante de la obra social de Camioneros, que había recibido la vacuna, se lo procesó como presunto instigador del delito de malversación, indicaron fuentes oficiales.

La Justicia Federal debió trabajar arduamente para poder identificar fehacientemente tres homónimos de la lista que le había acercado la Justicia Provincial, ya que esas tres personas tenían los mismos nombres que los sospechosos. De esa manera, se desvinculó a tres homónimos y se llevó a proceso a otras tres personas con el nombre que buscaban y que coincidían con los de la lista.

PROCESAMIENTOS Y EMBARGOS

Después de que la jueza haya tomado declaraciones indagatorias y testimoniales durante el mes de marzo y abril, también procesó a la enfermera del Hospital Regional Analía Muñoz por presunta malversación dolosa de caudales públicos beneficiándose con el producido de un ilícito. Además, le trabó un embargo de 2 millones de pesos.

Mientras, a otra enfermera del Hospital Regional que le habría ayudado a guardar las vacunas a Muñoz -según algunas comunicaciones telefónicas que mantuvieron-, se la procesó como encubridora de malversación de caudales públicos.

A quien se desempeñaba como responsable de la cámara de vacunas, Daniela Cocha se la procesó por presunta malversación culposa de caudales públicos por impericia y se le trabó embargo por 100 mil pesos.

Y a quien en ese momento también se desempeñaba en el Área Programatica Sur de Salud, como jefe de Epidemiología y Prevalentes, Jorge Benítez se lo procesó por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le trabó embargo por 500 mil pesos.

La causa llegó a manos de Parcio para que la trabaje junto a sus cuatro secretarios penales, Juan Ignacio Oske, Mauricio Aburre, Juan Manuel Gutiérrez y Damian Mazzuco luego de que la Justicia Provincial dictara su incompetencia tras la investigación y sugerencia del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

En esta causa trabajaron Prefectura Naval Argentina y su departamento de Inteligencia Criminal, y Gendarmería Nacional con el peritaje de los teléfonos y computadoras secuestrados en los allanamientos.

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