Incluso en ese acto el juez de ejecución penal, Jorge Odorisio, intimó al Estado provincial a detallar cuál será el plan de contingencia sanitaria y quién sería el facultativo de cabecera de los presos.
En ese marco, los funcionarios judiciales se volvieron a reunir ayer a las 15 en la Oficina Judicial con la presencia el subsecretario de Protección Ciudadana provincial, Pablo García, quien depende del Ministerio de Gobierno que dirige Rafael Williams. Además, participó Anabela Carrillo, quien todavía no fue confirmada al frente de la Dirección de Políticas Penitenciarias de la Provincia.
García anunció ante el magistrado que efectuaron gestiones con el ex director del Hospital Regional, Gustavo Guerrero, quien se desempeñó en esa función hasta el mes de febrero. Luego, desde el Ministerio de Salud lo desplazaron del cargo bajo el argumento de que durante su licencia el centro asistencial había quedado acéfalo.
En ese sentido, el funcionario provincial aseguró que Williams prometió una solución inmediata y por ello iniciaron conversaciones con Guerrero. Este habría dado una respuesta positiva para prestar servicios cuatro horas en la alcaidía y también atender las demandas de las restantes comisarías.
No obstante, García ayer mismo se reunía con el profesional para las condiciones del contrato y el aspecto salarial. En el mismo sentido, el subsecretario provincial adelantó que tienen previsto incorporar a un psicólogo para atender a los detenidos, lo cual se convertiría en una herramienta fundamental para la asistencia de los presos.
Desde la Defensa Pública se requirió que durante la semana se cierren las gestiones para conocer el viernes la propuesta concreta y el nombramiento de Guerrero como médico oficial de todos los detenidos en esta ciudad. Hay que recordar que la Defensa Pública había graficado durante la audiencia anterior que no hay médicos que puedan prescribir la medicación que necesitan los presos.
Por su parte, la fiscal general Mónica García no se opuso a los planteos y acompañó la propuesta en beneficio de los derechos de las personas en situación de encierro. En la jurisdicción de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Camarones existen 156 personas privadas de su libertad, ya sea cumpliendo prisión preventiva o con condena, tanto en la alcaldía como en las distintas dependencias policiales.
En esos términos, el magistrado ordenó un cuarto intermedio hasta el viernes a las 12:30, donde se confirmaría si Guerrero se convertirá en el médico de los presos, y además quien será el psicólogo, entre otros aspectos del derecho sanitario de los detenidos.