Salta adhirió a protocolo de aborto no punible de Nación gracias a la presión social

Una niña de 11 años quedó embarazada de su padrastro y esta situación despertó la indignación de todo el país, más aún cuando se conoció que Salta no estaba adherida al protocolo de aborto no punible. Esta situación generó una gran presión social sobre el ultracatólico gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien debió decidir adherir a este protocolo y la niña podría interrumpir su embarazo producto de un abuso.

Tras la difusión de la noticia acerca de la continuación del embarazo de una niña salteña de 11 años que era violada por su padrastro, ahora detenido, el gobernador de esa provincia, Juan Manuel Urtubey, decidió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.

Hasta ahora, la provincia de Salta tenía su propio protocolo, dispuesto por Urtubey en 2012 a través del decreto 1170. El mismo generó un fuerte repudio, ya que establecía que la interrupción del embarazo podía realizarse hasta la semana 12 de gestación, aún en casos de abuso sexual. A la niña en cuestión, en tanto, se la obligó a continuar el embarazo, ya que lo detectaron cuando cursaba la semana 19. Estos plazos, por su parte, correspondían sólo a esa provincia, ya que no los establecen ni el Código Penal ni el fallo F.A.L. de la Corte Suprema.

"La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación", dijo Urtubey en su cuenta de Twitter.

Allí detalló que "en la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad" y aclaró que "en 2012, la Provincia elaboró un protocolo como consecuencia del fallo (FAL) de la Corte Suprema de la Nación en virtud de la inexistencia de un protocolo nacional para regular en la materia".

En ese sentido, aseguró que la adhesión de hoy se dio en el marco de los "los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo".

El caso se conoció la semana pasada, cuando fuentes médicas y del Ministerio Público Fiscal de Salta informaron que una mujer llevó a su hija con fuertes dolores estomacales al Hospital Público Materno Infantil (HPMI), de Salta capital, donde le realizaron una ecografía y detectaron que cursaba un embarazo de casi cinco meses.

Cuando la profesional les dio la noticia ambas rompieron en llanto, tras lo que la nena le contó a su madre que su padrastro la había abusado, lo que motivó la intervención de la policía y la denuncia del caso.

La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid, ordenó la detención del hombre, que está imputado de abuso sexual con acceso carnal, mientras que la niña quedó internada. Además se dio intervención a la Asesora de Menores en turno y al médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que examinó a la nena en el hospital.

El hecho de no poder aplicar el protocolo de aborto no punible, autorizado en Salta para embarazos de hasta 12 semanas producto de violencia sexual, generó un fuerte repudio. El directorio del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres solicitó al Ejecutivo de la provincia la derogación del protocolo.

"En consideración de los últimos casos de público conocimiento en la provincia acerca de niñas y adolescentes embarazadas que no accedieron a la interrupción legal del embarazo, se pone en evidencia la urgente necesidad de derogación" de ese decreto para adecuarlo "a los estándares normativos" actuales, consideró el organismo.

Esos estándares, señaló el Observatorio, son la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y Ley Nacional 26.485".

Ayer se supo que la asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial la voluntad de continuar con el embarazo manifestada por la niña, que ya cursa la semana 21, y su madre, en un acta rubricada.

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