No prosperó un requerimiento de mujeres para separar al concejal Rubén Martínez

Todo hace presumir que, sin siquiera haber asistido a la sesión ordinaria de ayer, el concejal Rubén Martínez tendría asegurado completar en diciembre su controvertida gestión de cuatro años y que las denuncias que le pesan por abuso sexual a dos adolescentes quedarán en una anecdótica instancia de los anales judiciales. En tanto, el cuerpo deliberativo comunal no podrá acceder a detalles de esa causa.

Caleta Olivia (agencia)

Esto se deduce en gran parte de lo sucedido ayer en el SUM de la Unión Vecinal del Barrio Parque donde se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año con la asistencia de cuatro de los cinco integrantes del cuerpo: el presidente Javier Aybar (Cambiemos), Liliana Andrade (Cambiemos), Pablo Calicate (Frente para la Victoria) y Elizabeth Jara (Frente para la Victoria).

El díscolo Rubén Martínez (Cambiemos), tal cual lo adelantara este medio, ya había viajado a Buenos Aires previo cobrar suculentos viáticos. Lo hizo inmediatamente después de negarse a prestar indagatoria ante un juzgado de instrucción por el caso de las menores que el año pasado lo denunciaron por manoseo.

Además, a la sede tribunalicia acudió acompañado por el abogado Marcelo Magallán, quien justamente es uno de los asesores del Concejo Deliberante, aunque no está claro si actuó como letrado particular o como defensor “oficial” del cuerpo deliberativo.

Lo concreto es que en la sesión se presentaron referentes de dos agrupaciones femeninas de fuerzas políticas de izquierda: el Plenario de Trabajadoras (Partido Obrero) y Juntas y a la Izquierda (Movimiento al Socialismo), para reiterar por escrito el pedido de “sumario administrativo y separación preventiva” de Martínez por las denuncias de abuso sexual.

En principio los ediles presentes acordaron separarse del reglamento y permitieron que la vocera del grupo, Vanesa Costancio, expusiera en la sala, tras lo cual pasaron a un cuarto intermedio para decidir si iban a tratar el tema sobre tablas.

Sin embargo, ese pedido que era prácticamente una reiteración del presentado en diciembre del año pasado, quedó sin ser abordado y por el contrario se aprobó el proyecto de resolución de la concejal Andrade por el cual se requerirá al juez que tiene a su cargo las causas, Gabriel Contreras Agüero, que remita detalles de las mismas para que el cuerpo deliberativo obre en consecuencia.

Lo llamativo es que los ediles parecieran haber olvidado que meses atrás hicieron el mismo requerimiento a Mario Albarrán, el magistrado que originalmente se ocupó de esos casos y éste les respondió que legalmente no podía brindar detalles a quienes no eran parte de las causas, es decir a los propios concejales.

Por ello es dable pensar que idéntico criterio adoptará Contreras, quien por ahora tiene a su cargo los dos juzgados penales de instrucción y en menos de dos semanas tiene que resolver la situación procesal del imputado en un delito que por ahora solo se circunscribe a un presunto “manoseo”.

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