Caleta Olivia (agencia)
Integrantes de la denominada Coordinadora en Defensa de la Protesta Social, entre los que se encuentran dirigentes y afiliados del gremio docentes provinciales (ADOSAC), instalaron ayer en el micro centro de esta ciudad una mesa receptora de firmas para un documento por el cual se pide públicamente por la absolución de cuatro personas que serán juzgadas el 29 de noviembre por un corte de ruta que se produjo en 2011.
Por esa medida de fuerza, de la cual la mayoría de la comunidad prácticamente había olvidado, el Juzgado Federal a cargo de Marta Yáñez, llevará a juicio oral y público a los docentes Omar Latini (también referente del Partido Obrero) y Daniel Gómez y a otros dos vecinos que representaban a los padres cuando se decidió ir a la ruta 3, Alberto Francés y Marcelo Zabala.
El caso es similar a otro juicio en el que están imputados varios dirigentes y militantes de ATE, entre ellos el actual secretario general a nivel provincial, Alejandro Garzón, en este caso por un corte de ruta ocurrido en Pico Truncado hace más de una década.
En Caleta Olivia, los imputados en la causa argumentaron públicamente que fueron a la ruta pero no a cortarla sino a entregar panfletos a los automovilistas en defensa de la educación pública.
Ayer, además de la solicitarse a los transeúntes la firma del documento, se distribuyó otro panfleto por el cual se indica: "la justicia santacruceña resolvió que la defensa de la educación vaya a juicio oral, mientras que los funcionarios corruptos ni siquiera pisan la vereda de los tribunales".
Por tal motivo se expresa un repudio por "el hostigamiento ejercido por el poder político y judicial contra estudiantes, padres y docentes" al tiempo que se reivindica "el derecho al reclamo, porque sostenemos que la protesta social y la defensa de la educación pública no son delitos".