El Gobierno nacional formalizó este jueves la suspensión de la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje, una medida que busca poner fin al conflicto que mantuvo paralizada la actividad portuaria durante varios días y generó importantes pérdidas para el comercio exterior.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se ratifican los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y los representantes del sector luego del paro que impidió el ingreso y la salida de buques en los puertos del país.
En ese marco, el Gobierno dejó sin efecto, de manera transitoria, el Decreto 690/2026, impulsado una semana antes por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabezaba una profunda reforma en la actividad. La norma suspendida buscaba flexibilizar el sistema de practicaje y pilotaje para favorecer el ingreso de nuevos prestadores, eliminando requisitos considerados obsoletos.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por los profesionales del sector, quienes iniciaron una medida de fuerza que dejó varados alrededor de 185 buques y provocó pérdidas estimadas en hasta 100.000 dólares diarios por embarcación, según datos oficiales.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad convocó a una negociación de urgencia que permitió alcanzar un entendimiento entre las partes. Como resultado, se acordó la normalización inmediata del servicio, una reducción del 20% en las tarifas vigentes, la suspensión temporal de la desregulación y la creación de una mesa de trabajo intersectorial encargada de elaborar una nueva reglamentación consensuada.
Además, el decreto restablece la vigencia de la normativa anterior mientras se desarrollan las negociaciones y crea formalmente la mesa de diálogo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Este espacio estará integrado por representantes del Ministerio, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y referentes del sector de practicaje y pilotaje. El objetivo será revisar la regulación vigente y consensuar un nuevo marco normativo que permita garantizar tanto la seguridad de la navegación como el normal funcionamiento de la actividad portuaria.