El Juzgado Federal de San Martín hizo lugar a un amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del INTA y dispuso que, en caso de incumplimiento, el Estado Nacional deberá pagar $10 millones por día. La medida alcanza también al Instituto Nacional de Semillas y al de Vitivinicultura.
El magistrado federal Adrián González Charvay consideró que el veto presidencial implicaba un acto de discriminación y priorizó el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación de niños con discapacidad por sobre las restricciones fiscales.
La Dirección Nacional del Antártico atraviesa el 2025 sin fondos propios para sostener las bases Carlini y Brown. El traspaso de competencias al Ministerio de Defensa avanza sin resolución formal, mientras crece la participación de empresas privadas en la logística antártica.