El Consejo Superior de la UBA solicitó por resolución unánime la promulgación de la ley que tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales. Asimismo, se pronunció sobre las residencias médicas y la situación de emergencia sanitaria pediátrica en el Hospital Garrahan.
El Juzgado Federal de San Martín hizo lugar a un amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del INTA y dispuso que, en caso de incumplimiento, el Estado Nacional deberá pagar $10 millones por día. La medida alcanza también al Instituto Nacional de Semillas y al de Vitivinicultura.